Un debate sobre la libertad de prensa

(Costa Rica, enero 2014)

El 20 de enero (2014) Álvaro Murillo, periodista de La Nación, entrevistó a Patricia Mora, presidenta del partido Frente Amplio y candidata del partido para la Asamblea Legislaiva. En la entrevista aparece el siguiente intercambio:

¿Cambiaría usted algo el régimen de prensa en Costa Rica?

Me parece que la prensa en Costa Rica no solo miente diciendo, sino también callando.

"Los grandes medios de prensa no siempre mantienen un equilibrio. En el partido sufrimos un acoso de algunos medios, con dueños e intereses".

¿Qué cambiarías entonces?

Implementaría reformas legales en donde se exijan parámetros éticos mayores a periodistas y dueños de medios. Hay que ver la manera de que los periodistas cumplan el sagrado deber de educar.

¿Quién dice cuál medio falla?

Creo que la ciudadanía por medio de las instancias que el Frente Amplio se compromete a crear, en los que la participación ciudadana no se quede en letra muerta. En lo que puede tener seguridad la ciudadanía es que con el Frente Amplio no habrá decretazos arbitrarios.

                                                                   [La Nación, 20 enero 2015 p.8A)

En su editorial principal de 22 de enero La Nación aprovechó para arremeter contra la señora Patricia y contra el Frente Amplio. En su primera oración acusa a la señora de aliada de Venezuela porque "exige para Costa Rica un régimen de prensa como el vigente en los países del Alba, en especial Venezuela". Sin que doña Patricia mencionara a Venezuela, y sin dar pruebas para tal acusación, aprovecha para asociarla con la ya demonizada imagen de Chávez y con todo el prejuicio que ellos mismos habrían creado.
 

A doña Patricia le llovieron las críticas, pero considero que ella tenía toda la razón en su respuesta, aunque tal vez no fuera el momento más oportuno para decir verdades tan amenazantes a los poderosos. Con su declaración puso el dedo en la amenaza más grande contra la posibilidad de una verdadera democracia. La invasión de la política por el actor "dinero", y la consecuente comercialización de los procesos políticos, es un cáncer que tiene a la "democracia" muy enferma.

Como bien señala doña Patricia, los medios de comunicación masiva son negocios "con dueños e intereses". Son grandes corporaciones, que sobre todo buscan maximizar sus ganancias y defender los intereses de su clase social y de sus accionistas, ¿Cuándo han cumplido su "sagrado deber de educar" a sacrificio de sus intereses económicos?

Como empresas, buscan cobrar los mayores precios posibles, sin importar que resulten totalmente fuera del alcance de todos excepto los más pudientes. En enero del año pasado publicamos un pequeño análisis de este problema en la contienda electoral estadounidense (www.juanstam,com "El dinero y la democracia" 1.7.12), que fue la más costosa de la historia humana. Sigue vigente hoy esa amenaza.  Dos hermanos, multi-millonarios de apellido "Koch". están gastando enormes sumas en propaganda de odio y es muy posible que los Republicanos ganen control del Senado, para poder así deshacer todos los programas del presiente Obama, no por tener mejores argumentos sino por poder disponer de la riqueza sin límite de dos hermanos magnates.

En Costa Rica, este rol distorsionador se ve en todas las elecciones, sin excepción, y funcionó descaradamente en el plebiscito sobre el Tratado de Libre Comercia,

No cabe duda de que este rol electoral del dinero significa que muchas veces se compran y se venden los puestos políticos. Y por supuesto, los que han financiado la campaña política esperan después el pago de su

inversión, generalmente en favores y privilegios y concesiones que en nada favorecen al bienestar público y los verdaderos intereses nacionales.

Esta situación, y especialmente el nuevo papel de la televisión, viene a redefinir radicalmente los términos de este debate:

            Libertad de prensa = derecho de los dueños a explotar económica y políticamente, su control de

                        la prensa escrita;

            Libertad de expresión = derecho de los dueños de los medios, y de los muy pocos capaces de

                        comprar campos pagados carísimos, a menos que la empresa lo rechace;

            Derechos de propiedad privada =  poder irrestricto sobre el medio, igual que cualquier otra propiedad;

            Libertad de informarse, pero según los medios quieren que pensemos (y según ganan más ellos);

Es claro que esta situación es inherentemente anti-democrático, por anti-igualitario; excluye a la mayoría de la sociedad de participación en los medios colectivos.

            Libertad de expresión = acceso a los medios para cualquier ciudadano, a precios razonables

                        (posiblemente subsidiados por lo que cobran por los comerciales económicos);

            Libertad de información = derecho de ser informado objetivamente, desde todos los puntos de vista                                    necesarios para forjar convicciones y tomar decisiones responsables.

La sugerencia de doña Patricia, de un código de ética periodística, con poderes de aplicar sus decisiones, es una buena posibilidad.  Como exigencias de conducta profesional, podría ser una función del colegio de periodistas. Pero es más urgente, en mi opinión, socializar más justamente el acceso a los medios, especialmente la televisión, para los procesos electorales. Me parece una inmoralidad que los medios estén lucrando de las elecciones, a la vez que de una y otra manera están dañando seriamente los mismos procesos.

Es necesario ampliar mucho el acceso a los medios y garantizar a todos los participantes un adecuado derecho de respuesta. No se debe permitir a un solo partido inundar los medios al exceso, y mucho menos campañas de odio y mentira. En mi escrito del año pasado propuse, como una posible solución, la asignación de un tiempo en cadena igual para todos, prestado gratis por las empresas como servicio social o pagado a precios mínimos por el gobierno (o dividido entre los dos). Otra propuesta menos radical es que el precio de cada espacio televisivo, pagado por los partidos de mayores recursos, incluya automática tiempo para derecho de respuesta.

Lo que no podemos permitir es que los grandes medios sigan lucrando de las campañas electorales.

Doña Patricia tenía razón pero se quedó un poquito corto. Sus palabras deben hacernos pensar.