(Vean las fotos al final)
Sigue la tiranía militar en Honduras
El gobierno de Porfirio Lobo, heredero del golpe de estado de 28 junio, 2009, sigue presentando a la comunidad internacional una cara democrática de un reino de paz y justicia, pero de hecho, al interior de país, sigue ejerciendo una cruel represión contra la oposición anti-golpista. Una meta principal del gobierno es lograr su reincorporación en la OEA, normalizar sus relaciones internacionales, traer inversiones extranjeras y comenzar a estabilizar su arruinada economía. Pero detrás de esa máscara democrática, los militares (incluso los autores del golpe) son el mayor poder del país y hacen lo que se les antoje.
A principios de abril, Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), afirmó que “Estamos peor que en los primeros días del golpe de Estado" (Servicio Informativo Alai-amlatina 30 de marzo de 2011). Eso puede entenderse como indicador de la desesperación del gobierno que, sin duda para su propia sorpresa, ha visto que la resistencia se ha mantenida activa y unida dos años después del golpe militar. A finales de marzo el FNRP (Frente Nacional de Resistencia Popular) convocó un paro cívico en toda la nación. En el Aguán siguió con toda su fuerza la lucha de los campesinos por defender sus tierras. El otro bloque más fuerte de la población han sido los maestros, apoyados por los estudiantes. El primero de mayo fue una magna celebración con mucha mística y solidaridad, en que doña Xiomara Castro, esposa de Mel Zelaya, pronunció un vibrante discurso. En San Pedro, durante el encuentro con potenciales inversionistas llamado "Honduras: Open for Business", las manifestaciones contra el neoliberalismo fueron brutalmente reprimidas. Toda esa fuerza popular tiene asustada al gobierno.
El Paro Cívico de finales de marzo se convocó para defender las siguientes causas: (1) detenerse de inmediato los proyectos de privatización de la educación y la salud, que intentan escamotear tras falsos calificativos de “municipalización” o “participación ciudadana”; (2) revertirse las medidas de expropiación de los fondos de previsión y ahorros de los maestros y los empleados públicos; (3) liberar a los presos y presas políticos y absolverlos de todos los falsos cargos que se les impone; (4) detenerse el alza a los combustibles y a la canasta básica; (5) detenerse la represión contra las manifestaciones populares y la persecución, tortura y asesinato de integrantes de organizaciones populares y (6) permitirse el retorno seguro y sin condiciones del Coordinador General del FNRP, Manuel Zelaya.
Como de costumbre, el gobierno respondió a la protesta legítima con una fuerza de violencia totalmente desproporcionada en las diversas ciudades del país. Centenares de militares bloquearon los caminos y los convirtieron en gigantescas cámaras de gases muy peligrosos, tan densos que opacaban el sol tropical. Siguieron dos semanas de feroz represión. “Están reprimiendo en todo el país", informó Bertha Cáceres, "sin embargo la gente está resistiendo en Progreso, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Olancho, Colón, aquí en la capital y en muchos otros lugares. Han vuelto a tomarse las carreteras y siguen luchando”. Hubo centenares de personas gravemente afectadas por los gases, persecución, tortura, detención y las armas de fuego.
Los maestros y maestras ya llevan mucho tiempo luchando para que no se privatice la educación, por el reembolso de sus fondos de pensiones saqueados por el gobierno de Micheletti, para demandar el pago de sueldos morosos, para protestar el incumplimiento de promesas hechas a los maestros, y para que cese la represión violenta en el país. Primero el gobierno apresó a veinte maestros acusados de manifestación ilícita y sedición, por lo que centenares de docentes se concentraron frente a la Corte Suprema de Justicia. Después, pretendiendo ampararse en un decreto de emergencia, el gobierno suspendió a 305 maestros de los que habían participados en las protestas pacíficas de marzo y abril. Los estudiantes se unieron masivamente a la protesta, por lo que los militares y policías rodearon la universidad y amenazaron con invadirla.
El 4 de mayo un grupo de los maestros suspendidos injustamente comenzaron un ayuno voluntario de 24 horas en los bajos del Congreso Nacional. Después se declararon en huelga de hambre indefinida. A la medianoche fueron desalojados violentamente por la policía, pero continuaron su protesta en la Plaza La Merced de la ciudad capital. Exigen al gobierno de Lobo Sosa volver a la mesa de negociación iniciada en abril recién pasado.
El constante asedio contra los docentes siguió durante el mes de mayo. Hace dos días, en la tarde del 12 de mayo, el profesor Cristóbal Castellanos San Martín fue acribillado cuando llegaba a su casa para cenar.
En estas protestas participaron también las organizaciones sindicales, y también fueron reprimidas. En la mañana del primero de abril, centenares de policías y militares los atacaron con bombas lacrimógenas y tanquetas lanza-agua cargadas con líquido urticante que producía un fuerte comezón. Los militares comenzaron a golpear salvajemente a los manifestantes y perseguirlos por los barrios. Desde la calle dispararon bombas lacrimógenas dentro de la sede del sindicato STIBYS. Su vicepresidente, Porfirio Ponce, informó que "ya no se podía respirar, muchas personas fueron trasladadas al hospital y hay detenidos".
En Honduras existe una "Comisión de la Verdad" (CdV), que incluye personas como el Nobel Adolfo Pérez Ezquivel de Argentina. En la última semana de marzo esa Comisión fue asediada sistemáticamente: lanzaron un artefacto explosivo sobre el techo de su oficina, apedrearon las ventanas y en la ciudad de Tela militares intimidaron a su equipo de investigadores. Eddy Guifarro, miembro de la CdV, andaba en un taxi cuando militares fuertemente armados le apuntaron con pistolas a la cabeza y al pecho y le golpearon brutalmente, pero por milagro logró escaparse. "Mientras corría", reportó Guifarro, "me hicieron por lo menos diez disparos. No tengo la menor duda de que querían secuestrarme y quien sabe lo que hubiera pasado". Actualmente está escondido en un lugar seguro, recuperándose de las heridas en su oído y la cabeza. “Ahora estoy más convencido de que lo que estoy haciendo es lo correcto. En Honduras se necesitan cambios profundos y lo vamos a lograr, cueste lo que cueste”.
Como ya hemos mencionado, durante el macro-encuentro en San Pedro Sula de "Honduras: Open for Business", hubo manifestaciones masivas de protesta en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de San Pedro Sula. A mediados de la mañana llegaron policías, militares, tanquetas y cuerpos antimotines, lanzando gran cantidad de bombas lacrimógenas, chorros de líquido urticante y hasta balas vivas. Se abalanzaron sobre un camarógrafo de Globo TV, de nombre Uriel Gudiel Rodríguez, para proporcionarle graves heridas en la cabeza y golpes en todo el cuerpo (ver foto al final), por lo que tuvo que ser hospitalizado. Ya él había recibido amenazas de muerte y agresiones debido a su cobertura de las acciones represivas en contra de la población. Afortunadamente varias personas lograron quitarlo de las manos a los policías, o su suerte podría haber sido mucho peor.
La zona más conflictiva de Honduras ha sido Bajo Aguán, al norte del país, donde los campesinos luchan por defender sus tierras. En la década de 1990 tres terratenientes millonarios (Miguel Facussé, Reinaldo Canales y René Morales) lograron obtener por maniobras leguleyas los títulos de las tierras de las cooperativas de la zona. En junio de 2009 el gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya firmó un acuerdo para investigar esa situación y corregirla, pero el gobierno de Micheletti no implementó el acuerdo. En abril de 2010 el actual gobierno de Porfirio acordó asignar 11.000 hectáreas a las cooperativas al término de un año, pero los terratenientes hicieron caso omiso del acuerdo del gobierno y se negaron a devolver esas tierras a los campesinos. Más bien lanzaron una cruel represión contra los campesinos y el gobierno militarizó la zona. Contra los campesinos están los militares, los policías, las fuerzas privadas de seguridad de los terratenientes y bandas de paramilitares y sicarios que andan por ahí.
En Bajo Aguán han sido constantes los desalojos violentos, los asesinatos y amenazas de muerte, garroteadas salvajes y arrestos arbitrarios. Es probable que el número de asesinatos entre enero de 2010 y abril de 2011 anda entre 25 y 30 víctimas. El 15 de noviembre de 2010 cerca de 200 guardias de seguridad de Miguel Facussé desalojaron violentamente la finca El Tumbador. Abrieron fuego con armas pesadas y mataron a cinco agricultores, dejando heridos a otros. El 2 de abril se reportó el asesinato de otro campesino, cuyo cuerpo fue trasladado por la Policía a un lugar desconocido, sin permitir que nadie se le acercara para identificar el cuerpo. El 4 de abril la policía abrió fuego contra los manifestantes en el Bajo Aguán con saldo de varios heridos. El 11 del mismo mes aparece muerto el profesor Wilfredo Paz, el responsable de todas las acciones de la resistencia en el Aguan. El 21 de abril aparecieron los cuerpos del campesino Tárem Daniel Garcia y su suegro Carlos Alberto Acosta Canales, quienes desde el 17 de abril estaban desaparecidos. Tárem había sido torturado, y le cortaron los dedos, las manos, los pies y una pierna; de Carlos Alberto Acosta sólo se encontró la mándibula. El resto del cuerpo probablemente lo tiraron al río Aguan. Ambos eran miembros del Movimiento Auténtico Campesino del Aguán (MUCA).
El primer fin de semana de mayo aparecieron decapitados dos dirigentes campesinos. El 7 del mes policías, militares (del batallón y de la base naval) y guardias de seguridad de los terratenientes, en su intento de desalojar a los campesinos dieron muerte a Henry Roney Díaz y hirieron a Manuel Vásquez de la cooperativa Despertar. El 10 de mayo fue asesinado José Paulino Lemus, socio de la Empresa Brisas del Edén del Movimiento Campesino del Aguan (MCA), cuando se dirigía a vender pescado. Su cuerpo fue encontrado con todas las pertenencias personales, por lo cual se descarta que la causa del asesinato haya sido el robo.
Así es la "democracia" de Porfirio Lobo y su gobierno golpista. Está dejando muchas viudas y una gran cantidad de niños sin padre. La finalidad es sembrar el terror en todo el país y amedrentar a la población.
[Nota: Para conocer la realidad hondureña, recomendamos seguir los acontecimientos en Globo TV, (http://www.globotvhonduras.com/ ), en vivo y sin poder ser editado de antemano.
San Pedro Sula, 5 de mayo de 2011, durante "Honduras: abierta a los negocios"
Otra escena demasiado típica (aunque poco denso aquí)
Uriel Gudiel Rodríguez, camarógrafo de GloboTV
Alrededor de la una de la tarde ingresaron al Hospital Escuela los profesores Edwin Alexander Sorto, Andres Adalid Romero quienes presentaban heridas en la cabeza y Emilia Diaz Matute con posibles fracturas en su pierna según reportó personal del hospital.