Treinta Congresistas presionan a Clinton y Lobo por Honduras:
Estimada Secretaria Clinton,
Nos alienta ver que el gobierno de Estados Unidos ha reconocido la gravedad de la situación política y de derechos humanos en Honduras. El viaje del 4 de agosto, 2010 de María Otero, funcionaria de alto rango del Departamento de Estado, para evaluar el estado de los derechos humanos y la gobernancia democrática bajo el Presidente de Honduras Porfirio Lobo, demuestra una postura más firme de parte del gobierno de Obama para observar y proteger los derechos políticos y humanos en dicho país. Creemos que la asistencia de Estados Unidos, en particular la ayuda militar y policial, debería ser suspendida hasta que el gobierno de Porfirio Lobo se distancie de los individuos involucrados en el golpe de estado del 28 de junio del 2009 y responda de manera adecuada a las violaciones a los derechos políticos y humanos que siguen ocurriendo.
Hemos recibido información confiable proveniente de organizaciones hondureñas de derechos humanos e indicando que los abusos continúan y disfrutan una casi completa impunidad. Varios miembros de la comunidad de derechos humanos, periodistas y activistas siguen siendo atacados e intimidados. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una organización de derechos humanos altamente reconocida, reporta asesinatos, detenciones arbitrarias, palizas y amenazas de muerte contra activistas políticos y trabajadores de derechos humanos que intentan defenderlos. COFADEH describió el mes de agosto como un mes “negro” para los derechos humanos y ha documentado un número inquietante de incidentes que han ocurrido en semanas recientes.
Desde principios de agosto del 2010, por lo menos seis individuos asociados con la oposición contra el gobierno de Lobo han sido asesinados, incluyendo varios activistas campesinos, una líder sindical y un periodista. Varios periodistas conocidos por sus críticas al golpe de estado han sido arbitrariamente detenidos o han sufrido ataques físicos. Un canal de radio de la oposición – Radio Uno de San Pedro Sula – fue cerrada y se les cortaron sus cables de transmisión; la policía lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes afuera de la oficina del canal. Las autoridades hondureñas no han investigado ni han procesado docenas de otros asesinatos y ataques violentos contra activistas a favor de la democracia desde el golpe de estado del 28 de junio del 2009. Las víctimas y sus familias se encuentran vulnerables, sin acceso a la justicia. Existe una seria preocupación de que miembros de las fuerzas armadas y policiales de Honduras representan una amenaza directa al estado de derecho.
Durante el fin de semana del 17 de septiembre del 2010, Juana Bustillo, una líder del sindicato obrero Seguridad Social, fue asesinada mientras viajaba en un carro con el presidente del sindicato, Hector Escoto, quien fue hospitalizado. Cuatro campesinos fueron asesinados anteriormente durante el mes de septiembre en la región de Aguan – el sitio de un conflicto de tierras donde los campesinos sin tierra están intentando obtener parcelas para construir hogares. Durante el primer incidente, tres personas fueron matadas, supuestamente por las fuerzas de seguridad privada de Miguel Facussé Barjóm – uno de los terratenientes más grandes de Honduras. Durante el segundo incidente, Francisco Miranda, un líder de los campesinos sin tierra, recibió varios disparos por agresores desconocidos mientras que hacía trámites en su bicicleta. El periódico La Tribuna, que es propiedad del sobrino de Facussé, informó que la matanza fue parte de una disputa interna de la organización de campesinos sin tierra.
En varias ocasiones, las autoridades hondureñas han rechazado rápidamente los ataques contra activistas políticos, defensores de derechos humanos y periodistas como un síntoma de la criminalidad vinculada al narcotráfico y el crimen organizado. El crimen sí es un problema; pero desde el golpe de estado del 28 de junio del 2009, ha habido un inconfundible patrón de violencia política que merece una fuerte respuesta de los Estados Unidos.
Esperamos que el gobierno de Obama promoverá la democracia, instando al gobierno de Lobo para que investigue y procese vigorosamente los ataques y amenazas contra activistas y periodistas, y que suspenda a los miembros de las fuerzas armadas o policiales presuntamente involucrados en estos crímenes mientras que se lleven a cabo las investigaciones. El Departamento de Estado, además, debería instar al gobierno de Lobo que reconozca el innegable carácter político de los ataques contra activistas y periodistas. Una democracia sana le garantiza seguridad a aquellos que participan pacíficamente en el proceso político; la falta de seguridad expone las deficiencias de la democracia hondureña. Trágicamente, Honduras no ha logrado avances en los derechos humanos ni en las libertades políticas desde la visita de la Subsecretaria de Estado, María Otero, el 4 de agosto del 2010. Hasta que el gobierno de Honduras logre mejorar el lamentable estado de los derechos humanos, no creemos que sea apropiado proporcionar asistencia directa a las autoridades hondureñas, especialmente a la policía o a las fuerzas armadas.
También le instamos al gobierno de Obama que no apoye el reingreso inmediato de Honduras a la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Obama hará daño a la democracia y los derechos humanos a lo largo del hemisferio al hacerle una excepción a Honduras, mientras que el gobierno de Lobo siga incluyendo responsables del golpe de estado del 28 de junio del 2009, y se niegue a procesar crímenes con motivos políticos.
Sinceramente,
Representatives Farr, Jesse Jackson, Danny Davis, Woolsey, Schakowsky, Rush, Stark, Oberstar, Kucinich, Waters, Grijalva, Capuano, Baldwin, Payne, Barbara Lee, Olver, Honda, Linda Sanchez, McGovern, Donna Edwards, Sheila Jackson Lee, Garamendi, Ellison, Lacy Clay, Serrano, Filner, Richardson, Cummings, Quigley,
and Gutierrez.
Fuente: Noticias Morazánicas 20 de octubre de 2010