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Los derechos humanos en Colombia

Ubicación: Blogs Blogs de Juan Stam
Publicado por: juanstam	16/07/2008
Los derechos humanos en Colombia Amnistía Internacional USA pidió recientemente la interrupción de toda ayuda a Colombia porque "las torturas, las matanzas, las 'desapariciones' y el asesinato de no combatientes son fenómenos generalizados, y la connivencia entre las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares continúa hasta el día de hoy". Titular del 16 de julio de 2008, a dos semanas de la liberación de los rehenes: "Hallan en un basurero cuerpo de un sindicalista colombiano detenido por policía" (TeleSur). Se trata de Guillermo Rivera Fuquense de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). ¿Pueden tratarse estas noticias del mismo país que hace poco anunció con bombo y platillo, como toda una victoria de la democracia, la liberación de Ingrid Betancourt y catorce rehenes más? ¿Por qué Amnistía Internacional se ha opuesto al apoyo al gobierno de Álvaro Uribe? Por supuesto, todos celebramos con júbilo el fantástico rescate de los rehenes y el fin de tantos años de sufrimiento para ella y ellos y sus familias. Pero algunos tenemos muchas preguntas sobre la forma en que se realizó ese rescate y después se aprovechó con fines propagandísticos. Es un hecho que Uribe y su Ministro de Defensa, José Manuel Santos, bloquearon sistemáticamente los esfuerzos anteriores de liberación, que se realizaban con la concurrencia de Francia, Suiza y Venezuela. Lo que buscaba Uribe era protagonismo, precisamente cuando la legalidad de su reelección estaba en duda, y lo logró con creces. Estados Unidos e Israel lo apoyaron en esa politización del proceso. En las conmovedoras escenas que ha vivido todo el mundo en las últimas semanas, no se trataba sólo de la libertad de quince personas, sino también, y muchísimo más, del futuro de Colombia y de América Latina. Es obvio que en todo este drama mediático, el gobierno de Álvaro Uribe, con sus amigos de Washington y los sumisos medios de comunicación masiva nacionales e internacionales, han logrado manipular el tema de los secuestrados para echar una cortina de humo que encubra la verdadera situación de Colombia. Ese engaño sistemático es muy peligroso para las esperanzas de paz y justicia en ese amado país. Sería difícil descubrir un país en el mundo sin abusos de derechos humanos. Colombia no es el único país culpable, ni los guerrilleros dentro de Colombia son los únicos violadores de derechos humanos. En este tema, no es cuestión de negro y blanco (las FARC negro, Uribe y el ejército los buenos de la película; Cuba y Venezuela malos, Colombia y EUA buenos), sino de diversos tonos de gris. Aun peor que los muy publicitados secuestros de las FARC es el abuso sistemático pero encubierto de los derechos humanos en países que logran crear una imagen de "democracia" mientras hacen todo lo contrario. Ese es el caso de Colombia. Según Manuel Rosental, médico colombiano y activista de derechos humanos refugiado en Canadá, Colombia es "el régimen con el peor historial en materia de derechos humanos del continente y el ejército con el peor historial de violaciones a los derechos humanos en el continente". En Colombia abundan día a día amenazas de muerte y asesinatos, mutilación de cuerpos, tortura y desapariciones, robo de casas y fincas, abuso sexual, desplazamientos, intimidación y soborno. Es posible que Colombia no encarcela a tantos disidentes como en Cuba, pero es porque a centenares los matan, acusados de ser guerrilleros, en vez de tomarlos presos. Si Colombia no cierra los medios de comunicación, como se le acusa inexactamente a Hugo Chávez, es porque en Colombia los gobernantes mismos son los dueños de los medios y pueden controlar las noticias. Es posible que las constantes violaciones de derechos humanos en Colombia sean mucho peores que la situación de Cuba y Venezuela juntos, que están sujetos a tan constantes ataques por los medios de comunicación. Aun si los abusos en Colombia habían disminuido, como afirma el gobierno, en Colombia se sigue violando gravemente los derechos humanos. Estadísticamente puede haberse reducido un poco el número de violaciones, pero sigue el mismo nivel de atrocidad. La violencia se ha reducido en las grandes ciudades, como Medellín, pero sigue y crece, más localizada pero igualmente cruel y criminal, en otras zonas, como el Medio Magdalena. Además, en 2008 vuelven a aumentar las violaciones. De todas maneras, una "pacificación" a base de violencia y crímenes jamás podrá lograr después una situación de paz con justicia. En Colombia la violencia y los abusos vienen de todos lados: la guerrilla, el ejército, los paramilitares, los narcotraficantes, los sicarios y hasta las autoridades civiles. Los medios de comunicación se han esmerado para que todos conozcamos los abusos de la guerrilla, pero hay que recurrir al Internet para informarse sobre los horrendos crímenes de los paramilitares y del ejército. Los informes casi nunca llegan por los medios masivos sino de líderes religiosos del país, de ONGs o a veces por contactos personales directos. Cuando no se trata de las FARC, los medios logran ocultar las atrocidades e invisibilizar a las víctimas. Se esconde la realidad bajo el pretexto de que los paramilitares son independientes del gobierno y del ejército, pero eso es un engaño fácil de refutar. La dramática liberación de Ingrid Betancourt no debe encandilarnos tanto como para no ver toda la violencia que dolorosamente permea la sociedad colombiana. El problema de las FARC es sólo una parte del problema de Colombia, y probablemente no la más seria. El sistema del sicariato, por ejemplo, es horrendo. Si tengo un enemigo que odio, o un rival que amenaza mis ambiciones, puedo contratar a un sicario para matarlo. Si soy prestamista, y algunos clientes no cancelan sus deudas, entrego la lista a los sicarios para que comiencen a amenazarlos de muerte, y si es necesario matarlos. Ese sistema funciona todos los días, y el gobierno no hace nada para terminarlo. A las FARC combate, pero no a los sicarios del sistema. Siguen con toda gravedad los abusos contra sindicalistas, periodistas, cristianos que critican al sistema, activistas de derechos humanos, los indígenas y otros. Los casos son muchos y los datos, con nombres y apellidos, están a la mano. Estos abusos son del gobierno y sus aliados, no sólo de la guerrilla. Estas múltiples violaciones no terminarán con la liberación de Ingrid Betancourt, ni de todos los secuestrados de las FARC. Los narcotraficantes, que han penetrado toda la sociedad, jamás van a abandonar su negocio tan lucrativo. El sicariato no desaparecerá con la liberación del último rehén de las FARC. Los hacendados seguirán organizando ejércitos privados, y los empresarios siempre querrán suprimir a los sindicalistas. Los poderosos no comenzarán, como por milagro, a tolerar a los que se atreven a denunciar la injusticia. Un gran sector de la población está armada hasta los dientes y acostumbrado desde hace décadas a lograr sus propósitos por medio de la violencia. ¿Y que pasará con los centenares de presos inocentes, falsamente acusados de guerrilleros, que están en las cárceles del gobierno? ¿Podrá la política de "solución militar" y "seguridad democrática", evidentemente muy reforzada ahora por la hazaña de este rescate, traer la paz a Colombia? Preocupa mucho la forma en que el gobierno ha convertido la liberación de los rehenes en un bien programado show estilo Hollywood. Tanta manipulación de la información alimenta las dudas sobre la realidad de cómo se realizó este "rescate heroico". Preocupa especialmente el rol de héroe y casi "súperman" que están atribuyendo al General Mario Montoya Uribe, un hombre notorio por su historial de abusos de derechos humanos. El poder de él, ahora llevado a niveles jamás vistos, no augura nada bien para el futuro de la paz, la justicia y los derechos humanos en el futuro de Colombia. Preocupa también el escandaloso nivel de corrupción en el gobierno de Colombia. La influencia de los narcotraficantes es innegable. Una impresionante cantidad de senadores y otros políticos están acusados de nexos con los asesinos paramilitares. La Corte Suprema de Justicia denunció la inconstitucionalidad de la reelección del presidente Uribe, logrado por comprobados sobornos, lo cual la Corte Constitucional optó misteriosamente por desconocer, a pesar de las evidencias. Antes de lograr una verdadera paz en Colombia, una paz con justicia e igualdad, será necesario resolver el problema de la corrupción. En fin: ¿Ayudará este triunfo del gobierno a mejorar la condición de los derechos humanos y a traer la paz y la justicia a Colombia? Ojalá, pero se ve difícil. El gran peligro es que consolide más bien el sistema de injusticia y corrupción. Quiera Dios que no termine empeorando la situación. Juan Stam B.

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Cometarios (19)

Re: Los derechos humanos en Colombia

Por Juan JHözeth. el 19/07/2008

Hola Juan Stam. No sé si te lo imaginabas, pero ya estaba esperando que publicaras este artículo. Soy Juan JHözeth. Como también se pueden imaginar, este no es mi nombre realmente, utilizo seudónimo, no porque sea un terrorista, soy un cristiano muy comprometido; empleo seudónimo por seguridad. Tampoco soy de los que lazan piedras o papas bombas en las universidades, cubriéndome el rostro con un pasamontañas. El que no sea colombiano, que venga a Colombia, y lo ensaye, que levante una crítica argumentada contra el gobierno de Uribe, para que alguien te señale, luego otro te tome una foto. Y el día de mañana nadie sabrá más vos... No me creen. ¿Por qué nuestras tierras patrias están llenas de fosas comunes? O si no, vayan a las universidades públicas y relaciónense con jóvenes activistas, que denuncian a diario las injusticias de Uribe, y pregúnteles por los amigos que están desaparecidos. Porque los Antimotines (Robocops) los detienen, pero no los regresan jamás. Pero en fin, el punto de mi comentario no es éste. O bien podría decir, no sólo era éste. Sólo quiero denunciar un sinnúmero de atrocidades con respecto a las violaciones de los Derechos Humanos por parte del Estado (Año 1990-2008). Son Crímenes de Estado, los cuales nunca se publicarán en RCN, Caracol, Semana, Cambio, El Espectador, El Colombiano, etc. Ni nunca, en absoluto, serán denunciados en el programa de entrevista LA NOCHE, dirigido por la presentadora, oficialista y poco profesional, Claudia Gurisatti. Y aprovechando este medio, donde hablo de los medios que hablan a medias. Resalto la labor de resistencia del Noticiero Uno, que ha sido uno de los pocos que no ha caído en el juego manipulante. Pero con la segunda marcha convocada que hubo este año, la cual no tuvo el mismo nivel propagandista, porque era contra Uribe y sus paramilitares, y los Crímenes de Estado, mucha gente asistió, más de la imaginada y publicada en RCN y Caracol. Y ni le dieron el seguimiento extenso como la primera del 4 de marzo. Pero fue un éxito. Y quedó demostrado que el poder no lo poseen ellos, el poder está en la Unión de la Comunidad. Muchos MediosAmedias, dijeron que en Medellín sólo fueron a marchar unas quinientas personas. Que sinvergüenzas y mentirosos, porque cuando estaba la presentadora en vivo habían más de ocho veces lo dicho. Pero claro, pasa lo mismo que pasa cuando uno está jugando fútbol con balón ajeno, que cuando al dueño del balón le piden que descanse para que juegue otro, entonces éste bien furioso decide llevarse el balón. Y hasta hay llega el juego. Claro, las cámaras eran de RCN y Caracol, y al que ellos deseen filmar lo hacen. Pero lo que no pudieron hacer, fue castrar la fe de los que resistieron. YO DENUNCIO In vox Pópulis: 1. La impunidad de la masacre cometida en el barrio La Chinita (Apartadó-Urabá antioqueño). Nunca se ha esclarecido. La gente de Urabá cree que ésta fue cometida por el mismo ejército colombiano. ¿Qué ha dicho el Estado contra esta postura? 2. La denuncia instaurada ante el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Esta denuncia fue hecha por una dirigente del desaparecido partido político Unión Patriótica. Donde confirmaba que en el batallón de la XV Brigada, sede Carepa, estaban entrenando mercenarios, en ese entonces no tenían el rótulo de grupos Paramilitares. Y cuya respuesta fue un insulto, ya que a la señora se le trato de mitómana, que estaba inventando mentiras. Hoy ella está refugiada en otro país. ¿Por qué? 3. La masacre llamada el Aracatazo, cometida en el barrio El Bosque (Chigorodó-Urabá antioqueño). Esta fue perpetrada por paramilitares y soldados del batallón de la XV Brigada del Ejército, sede Carepa (Urabá antioqueño). 4. Las masacres cometidas en las bananeras del Urabá y el Magdalena Medio. Estas fueron cometidas por el ejército en colaboración con los paramilitares. En el caso del Urabá, también fueron cometidas por soldados del batallón sede Carepa. 5. El genocidio contra los participantes del partido político, Unión Patriótica UP. 6. La masacre en el Santuario de Paz de San José de Apartadó (Urabá antioqueño). Ésta se la atribuyeron a las FARC. Pero la culpa fue más pesada que la mentira, y no dejó en paz a muchos soldados de Carepa que participaron. Y confesaron su pecado, denunciando el crimen y al militar Gordillo, y el trabajo en conjunto con grupos paramilitares. El militar encargado, Gordillo, participó materialmente en el hecho. Un mismo militar lo confesó por la radio. Pero la noticia se ventiló, y nunca más se ha vuelto a saber de la noticia, ni de las medidas tomadas por parte de la Corte Suprema ni por la Fiscalía. 7. La participación en la paraPolítica del primo hermano de Álvaro Uribe, Mario Uribe. Se supo de la orden de detención y de la investigación que se está desarrollando en su contra. ¿Pero qué ha pasado con él? 8. Los desplazamientos, asesinatos y amenazas en el norte del departamento del Chocó. Todo a raíz del cultivo de la palma africana, la cual es cultivada en terrenos de comunidades indígenas y afrodescendientes. Son terrenos comunitarios, nadie puede tocarlos, por qué entonces hay cultivos de palma. Y dichos empresarios, colonos antioqueños, llevan el título de empresarios para la paz. Este es un mega proyecto avalada por el Estado Colombiano. Y las ONGs que han denunciado este hecho las han amenazado. Con este escrito no deseo justificar a las FARC. Pero si vamos a habla de terrorismo no debemos dejar a un lado los Para-Sinónimos. Los cuales están a igual nivel. Y hoy los quieren premiar como si fuesen héroes de guerra, dándoles seguridades alimentarias, económicas y educativas. ¿Y qué para los desplazados? ¿Que los muerda el marrano? Esta política de seguridad democrática es un burdo remedo de la política pacifista romana. Ahora falta es que Uribe se autoproclame Dios Imperator. Si nosotros los colombianos nos comemos el cuento, de que exterminando a las FARC, se acaba el conflicto en Colombia, moriremos engañados. Porque se levantarán los hijos de los desplazados, y retomarán las armas. Este es un conflicto que va para largo, puesto que desde que no haya Verdad, Perdón, Reparación, y principalmente JUSTICIA. JUSTICIA SOCIAL. Entonces el conflicto no cesará. Así liberen tres mil veces a Ingrid, y así su imagen famélica virginal sea utilizada cien mil veces para levantar lástima, y odio contra las FARC, la paz no llegará. Ni se nos ocurra, a nosotros los evangélicos, pensar que la causa del conflicto es espiritual. Quisque porque somos descendientes de españoles ladrones. El conflicto de Colombia no es espiritual, es tan carnal como las mismas víctimas humanas que a diario exhuman de las fosas comunes, y como las que nunca encontraremos porque las aguas de los ríos nunca las devolverán. Y al respecto de la marcha de mañana. No marcharé. Porque nunca acá en Colombia ha habido independencia, y ésta será utilizada por los medios propagandistas para legitimar una vez más las atrocidades del Estado, queriendo re-elegir por segunda vez a Uribe. Sí elevaré una plegaría por mi país, tanto por los pobres soldados, porque la verdad ellos también son hijos de pobres que nunca tuvieron otra oportunidad, e igualmente oraré por las guerrillas colombianas. Porque TODOS SOMOS HERMANOS. Sólo que Uribe, el cual transformó su conflicto personal en una euforia colectiva del odio, para calmar su sed de venganza por la muerte de su padre, nos está polarizando. Un abrazo fraterno. Juan JHözeth.

Re: Los derechos humanos en Colombia

Por Juan Jhözeth el 23/07/2008

A continuación anexo esta información que tomé de un boletín enviado por parte del Polo Democrático Alternativo. Información tomada del blog del Polo Democrático Alternativo. Guillermo Rivera fue asesinado. El cuerpo del dirigente sindical y político fue encontrado este martes en un cementerio de Ibagué. Rivera fue desaparecido el 22 de abril en Bogotá luego de dejar a su hija en el colegio. Miércoles 16 de julio de 2008 Informaciones preliminares indican que Rivera fue asesinado y sepultado como NN el día 28 de abril, seis días después de su desaparición. El Polo Democrático se solidariza con su familia y el movimiento sindical y exige al Gobierno Nacional que se pronuncie sobre el hecho. El vocero de la bancada del Polo en el Concejo, Fernando Rojas, cuestiona política de seguridad democrática. "Es muy extraño que a una persona la saquen de Bogotá y la lleven a Ibagué para darle muerte y nadie se percate de nada", dijo. Rojas recordó que así como el país celebró hace 15 días la liberación de 15 secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial, Ingrid Betancur, "gracias a la seguridad democrática, exigimos que esa famosa seguridad democrática cuide a los sindicalistas". El Comité por la Vida y la Libertad de Guillermo Rivera convocó para este miércoles 16 de julio una reunión extraodinaria en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) con el fin de analizar este hecho luctuoso. Según el Comité, existen indicios serios que comprometería a "efectivos de la Policía Nacional" en su desaparición con lo cual se configuraría, dicen, un crimen de Estado "por acción u omisión". "El asesinato de Guillermo Rivera, agrega el Comité, constituye una agresión más al movimiento sindical y a la oposición política que continúa ocultando el Gobierno Nacional en medio de sus cánticos de guerra". Finalmente hacen un llamado a todos los sectores democráticos a pronunciarse y movilizarse en contra de esta nueva agresión, "en momentos en que solo se le convoca a rechazar el secuestro, ignorando la permanencia en el país de otros crímenes atroces como la existencia de más de 15.000 desapariciones forzadas, el desplazamiento de cuatro millones de pobladores y el asesinato permanente de lideres del movimiento popular y de la oposición política, como en el caso de Guillermo Rivera".

Re: Los derechos humanos en Colombia

Por Juan Jhözeth el 23/07/2008

Otra información tomada de una página del Polo Democrático Alternativo. Dicha información es de este año. Y en cuanto al sector campesino, pasa esto: Campesinos que no son “terroristas” ni narcotraficantes. Sólo son campesinos organizados en oposición. Las juntas de Acción Comunal del sector de la cordillera del municipio del Patía Cauca denunciaron que el día viernes 11 de julio del 2008 en horas de la madrugada, un grupo emergente de los paramilitares que operan en la cordillera occidental del departamento del Cauca, secuestraron a 6 campesinos: 4 directivos de la Junta de Acción comunal de la vereda El Convenio y 2 miembros de Junta de Acción Comunal de la vereda la Ceiba en el municipio del Patía. Los campesinos secuestrados son gente honesta y trabajadora. La mayoría son padres de familia, nacieron y han vivido toda la vida en estas veredas y no están involucrados en nada distinto al desarrollo de actividades agrícolas y al servicio de la comunidad. El Polo Democrático Alternativo exige de los gobiernos departamental y nacional el esclarecimiento de estos hechos de la misma manera que solicita que sean devueltos sanos y salvos.

Re: Los derechos humanos en Colombia

Por Juan JHözeth el 05/08/2008

Para anexar a la lista. Y aparte de todo lo que he escrito, quisiera divulgar, que el que hoy conocemos como El Presidente de nuestra Nación Colombia, les comento que antes era el comandante de un grupo de las CONVIVIR en el Municipio de Anorí departamento de Antioquia, entre los años 90. Y se hacía llamar con el alias de Elmer Mauricio Zabala. Dicha información me la brindó de primera mano una ex-comandante paramilitar. ¿Qué decir o pensar ante esto?

Re: Los derechos humanos en Colombia

Por Juan JHözeth el 05/08/2008

Aca les envío nueva información que hallé. Gobierno colombiano calificó como "traición a la patria" difusión de nuevo video sobre rescate El ministro de defensa colombiano Juan Manuel Santos calificó este martes como acto de "traición a la patria" la difusión de un nuevo video sobre la Operación Jaque en el cual se muestra el apoyo de Estados Unidos en el rescate de los secuestrados el pasado 2 de julio, así como el uso del emblema de la Cruz Roja desde las fases de gestación de la misión. Este lunes, el canal de televisión RCN difundió un nuevo video sobre la Operación Jaque, que llevó a la liberación de 14 rehenes de las FARC, entre los cuales la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. En el material fílmico, se daban a conocer varios particulares sobre el operativo, muchos de los cuales han causado varias críticas al gobierno de Álvaro Uribe desde distintos frentes, como es el caso del uso del símbolo de la Cruz Roja. Según Santos, quienes hicieron llegar este material a la prensa, "han puesto en peligro a sus compañeros" y no dudó en señalarlos como traidores de la patria. Asimismo, se refirió a las nuevas evidencias surgidas a propósito del uso del emblema de la Cruz Roja y defendió la postura inicial del gobierno colombiano al respecto, según el cual el emblema fue usado por un soldado a último momento y por decisión personal. "Esa fue la verdad que se nos dijo en el momento en el que el presidente y yo informamos a la opinión pública sobre el particular. Con el vídeo de ayer (lunes) se muestra que la realidad era diferente, que el logo se utilizó en el comienzo de la operación", acotó el ministro en declaraciones que recoge este martes el diario El Tiempo de Bogotá. ¿Qué pensar? No más mentiras ni más este Gobiero ligitimado a través de la ilegitimidad.

Re: Los derechos humanos en Colombia	Por Juan JHözeth el 05/08/2008
PARECE QUE ESTE ARTÍCULO NO IMPORTARA A MUCHOS COLOMBIANOS. POR EL AMOR A JESÚS HAGAMOS ALGO.

Re: Los derechos humanos en Colombia

Por Juan JHözeth el 03/09/2008

DATO TOMADO DE INTERNET. (03 DE SEPTIEMBRE DE 2008) Destituyen a coronel del Ejército colombiano por asesinato de sindicalistas La Procuraduría colombiana destituyó el martes a un coronel activo del Ejército por el asesinato, en 2004, de tres sindicalistas y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 20 años, anunció el organismo en un comunicado. El fallo afecta al coronel Luis Medina Corredor, comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército, por la muerte de los sindicalistas Jorge Prieto, Leonel Goyeneche y Héctor Sarmiento, en el municipio colombiano de Saravena, en el este de Colombia, durante un operativo militar. La sanción también afecta a dos soldados profesiones. Desde 1986, unos 2.600 militantes fueron asesinados y 97% de esos casos quedaron impunes, según la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT). En lo que va de 2008 fueron asesinados 25 responsables sindicales, lo que supone un aumento de 70% en relación al mismo periodo del año pasado, según un informe de los principales sindicatos colombianos. La mayoría de los asesinatos de militantes sindicales agrícolas son obra de grupos paramilitares que se quedan con las tierras abandonadas por los campesinos que huyen de la violencia, según estos mismos sindicatos.

Re: Los derechos humanos en Colombia

Por Juan JHÖzeth el 09/09/2008

Hola apreciados hermanos hermanas. A continuación les comparto un correo de un hermano que se ha levantado como profeta de esperanza en el acompañamiento con las comunidades indígenas colombianas. Y acompañar al desvalido y menospreciado acá en Colombia implica ponerse en oposición contra el sistema político Uribista. Pues como es de constumbre en este Gobierno a los que están en la oposición se les acusa de terroristas... Un rótulo que ha dejado tantos muertos, los cuales han sido acusados de falsos positivos(Muertos acusados de guerrilleros que nunca fueron guerrilleros) entre ellos están: algunos líderes sindicalistas, maestros, líderes religiosos, activistas, ecologistas, entre otros. Y el criterio de acusación para estos Falsos Positivos han sido, en muchos caSoS, y como cosa curiosa, los mágicos computadores que se encuentran en los campamentos de las FARC. Y esta vez le tocó a un hermano muy comprometido con la no-violencia como método de resistencia civil, nuestro apreciado amigo: Héctor Mondragón. A continuación su carta contra la falsa e infame acusación del ilegítimo legitimado Gobierno de Alvaro Uribe Vélez. Héctor Mondragón: mi opción por la resistencia civil 'No han matado mi cuerpo pero ahora me amenazan con matar mi palabra, abren mis cicatrices'. Para quienes me conocen cercanamente, para quienes trabajan a mi lado, es indudable que practico un compromiso total con la no violencia y que arriesgándolo todo, entregando mi vida, me dedico a la resistencia civil, en un país donde los intereses de los poderosos se imponen con violencia y grupos armados creen que se puede derrotar la violencia con violencia. Quienes me conocen cercanamente saben con claridad que no soy de las Farc, porque discrepo de su estrategia, su línea política y sus métodos. He discrepado pública y privadamente desde hace 18 años con la estrategia de las Farc que se centraba y se centra en el papel de la guerrilla convertida en ejército revolucionario, en torno al cual el pueblo puede tomar el poder y producir las transformaciones sociales y coloca en segundo plano la movilización de las masas populares. Esta concepción se ha demostrado completamente inaplicable a Colombia; incluso, anteriormente las propias Farc se hicieron más fuertes que otras organizaciones que confiaban prioritariamente en la acción militar y luego por razones que probablemente tienen que ver con la forma como fue masacrada la Unión Patriótica, las Farc pasaron a subestimar las luchas masivas del pueblo y se dedicaron al fortalecimiento militar como principal objetivo. Este error político se ha convertido en una tragedia para la lucha popular, ha permitido el fortalecimiento de la extrema derecha que se ha convertido en gobierno y no solamente ha fracasado en impedir el despojo de las tierras de cientos de miles de campesinos y afrocolombianos, sino que lo ha acentuado y ahora permite y hasta provoca el desplazamiento forzado de indígenas en varias regiones del país. En la mayoría de Latinoamérica, son las movilizaciones multitudinarias de las masas las que han comenzado a provocar cambios y a cuestionar al neolberalismo, la dominación de las transnacionales y el latifundio. Incluso en un país donde el sector agrario tiene un peso proporcional mayor, como es Bolivia, las movilizaciones masivas tienen el papel principal. Se ha visto como allí como en Venezuela, los sectores sociales en conflicto dirimen sus contradicciones en el terreno de luchas masivas. En Ecuador las grandes masas han sido las protagonistas, tanto como en Argentina o en otros países y en cada sitio es el nivel de conciencia de las masas el que marca el resultado de sus caudalosas movilizaciones. En Colombia en cambio, el enfrentamiento militar ha sido la cortina tras la cual la extrema derecha ha podido masacrar el liderazgo sindical y campesino e imponer así la demolición del derecho laboral y la legalización del despojo de tierras. A pesar de la tragedia que significó el exterminio físico de 3 mil de sus integrantes, la Unión Patriótica se había ganado el cariño del pueblo. La lucha por un acuerdo de paz democrática que abriera el paso a grandes expresiones populares, había ganado el corazón de la gente. Aunque era absurdo seguir exponiendo diariamente a senadores, representantes, diputados, concejales y líderes a la muerte, no debía confundirse la necesidad de esconderse de los asesinos y eludir su acción, con aceptar colocarse en el terreno en que el poder quería, en el camino de una guerra indefinida. Muchos partidos y movimientos revolucionarios o democráticos del mundo han tenido que pasar a la clandestinidad más completa o la semiclandestinidad, sin que por ello hayan pasado a la lucha armada. Han sido obligados a la clandestinidad pero han mantenido una acción no violenta centrada en organizar al pueblo y en movilizarlo por sus intereses vitales, que en ese momento eran para los colombianos detener el avance del neolberalismo, defender las conquistas laborales y sociales, las empresas del estado y conquistar una paz democrática. Los acuerdos de paz de 1991 hubieran podido abrir el paso para que Colombia estuviera hoy en el rumbo de Latino América. Si esto no fue así se debió en parte a inconsecuencias de algunos de quienes los firmaron y al hecho de que algunos de ellos dejaron de luchar por el cambio social, pero se debió sobre todo a que el proceso no se continuó con acuerdos con las dos guerrillas más grandes, las Farc y el Eln. En negociaciones que se celebraron en Caracas parecía que había caminos de acuerdos, pero se frustraron. Aunque es obvio que la derecha, especialmente el latifundio, la narcopolítica y ciertos círculos transnacionales sabían que no les convenía para nada ese acuerdo y se dedicaron a impedirlo con el estímulo al paramilitarsmo y sus asesinatos y masacres, también es cierto que esas dos guerrillas no tenían una estrategia congruente con la búsqueda de acuerdos de paz, que les permitiera visionar la importancia decisiva de grandes movilizaciones de masas como verdadero eje de los cambios que necesitamos. Esa concepción errada de las guerrillas produjo otros errores graves. La subestimación de las masas, su conciencia y su lucha llevó a las Farc a justificar y utilizar formas de guerra que golpearon al propio pueblo, como el uso de cilindros explosivos en centros poblados, contra el cual escribí hace unos años el artículo "Toribío atacado". El uso de rehenes civiles que años antes las propias Farc consideraran un método equivocado de lucha se convirtió en táctica central de las Farc, al extremo que un frente de las Farc llegó a desplazar a grupos indígenas Nukak para mantener unos secuestros. Desde hace varios años se registra que algunos de los asesinatos de líderes queridos por la gente o de activistas esforzados resultan siendo cometidos por las Farc y entonces en varios casos esos líderes y activistas ya no deben temer solamente a los paramilitares o a los poderes constituidos, sino a las Farc, lo cual ha afectado especialmente al movimiento indígena. ¿Cómo no va a rechazar la mayoría del pueblo estas actuaciones de las Farc? Esto que escribo aquí lo he dicho todos los días y en la medida que trabajo en las regiones con los indígenas y los campesinos he tratado de que se oiga, para ver si se produce un cambio en esas actuaciones, pero aunque a veces se atiende los reclamos de los indígenas, los problemas se repiten debido a las concepciones erradas que los causan. Hago en primer lugar estas consideraciones estrictamente políticas, para resumir muy sintéticamente mi análisis sostenido y profundizado durante 18 años, sin que para ello tenga que acudir a mis compromisos personales de vida con la no violencia, que aunque son también esencialmente políticos, no tienen por qué se compartidos por quienes no comparten una fe y consideran que es válido hacer uso del derecho a defenderse de la violencia con violencia, ya que incluso jurídicamente actuar violentamente "en defensa propia" puede tener validez. Las guerrillas surgieron como defensa campesina frente a los asesinatos y masacres perpetrados por agentes del estado y los latifundistas, los paramilitares fueron constituidos con el pretexto de combatir la violencia de la guerrilla. El país se ha sumido en la cadena de las violencias y de ello se aprovechan los intereses creados, los gamonales políticos, las mafias y en especial el capital transnacional que va logrando imponer una legislación a su favor. Desde 1994 opté por un compromiso personal con la no violencia como camino a seguir para contribuir al cambio radical de la sociedad y de las relaciones sociales. Renuncié bajo cualquier circunstancia a usar las armas para mi defensa y a propiciar su uso para la defensa de otros. Me deshice de dos revólveres de los que legalmente me doté cuando fui amenazado de muerte y se intentó asesinarme por pertenecer a la Unión Patriótica, renuncié a tener escoltas porque no quiero salvar mi vida a costa de la de otros. Terminé renunciando a cualquier rutina y a varias posibilidades laborales para evitar ser asesinado sin acudir a ningún arma. Creo desde entonces que la lucha radical por el cambio de social debe estar acompañada por el cambio radical de los métodos, por la renuncia completa a cualquier lucha armada, de manera que no solamente podamos decir que el fin no justifica los métodos, sino que el método radical de la no violencia sí puede conducirnos a lograr el fin de un cambio social realmente radical. Como es público, es así como mantuve mi compromiso de lucha por un cambio social radical, que como enseña Carlos Gaviria, consiste en ir a la raíz y no creer que con maquillajes se pueden cambiar las cosas. No se trata de un cambio de gobierno para que la corrupción de la derecha sea reemplazada por otra. No se trata de un cambio de roscas, para que nuestros amigos gobiernen en vez de nuestros enemigos, demostrando "gobernabilidad", pero sin tomar medidas esenciales a favor del 80% más pobre. Colombia necesita cambios de fondo, en primer lugar en cuanto se refiere a la tierra y a las relaciones con las transnacionales. Y único el camino para lograrlos es desplegar la más amplia resistencia civil, la construcción de alternativas desde la base y la movilización civil masiva y decidida. Absolutamente todo lo que he hecho durante estos años, todos los días, es transitar por este camino en la medida de mis fuerzas y mi experiencia. Estoy desde luego herido por las huellas de la tortura que sufrí en 1977 y también por 20 años de estar amenazado de muerte y perseguido por los sicarios. A veces pierdo la esperanza, especialmente cuando sé que alguno de mis amigos ha sido asesinado, entonces me pregunto por qué sigo acompañando la lucha de los indígenas y campesinos, por qué no renuncio. Pero nuevamente se enciende en mí la pasión por la gente que amo y que sé que tiene derecho a una vida digna, la pasión por unas relaciones sociales basadas en la solidaridad. No han matado mi cuerpo pero ahora me amenazan con matar mi palabra, abren mis cicatrices. Pero la palabra es semilla y está sembrada y sea lo que sea lo que nos hagan en cada campesino con su tierra, en los indígenas gestionando su territorio, en los afrocolombianos retornados a sus comunidades, en los habitantes de los barrios populares de las ciudades que podrán comer mejor después de la reforma agraria que al fin conquistarán, en cada familia de los asalariados que reciban al fin justicia para su trabajo, allí vivirá esa palabra y no la podrán matar. Héctor Mondragón, 7 de septiembre de 2008. PARA QUE SU VOZ DE PROFETA COMPROMETIDO NO SEA SILENCIADA... SEA POR LAS BALAS DE LOS SICARIOS ESTATALES O DE LA CIA...

Re: Los derechos humanos en Colombia

Por Juan JHÖzeth el 09/09/2008

Por nuestra fe y arraigo a la esperanza de que latinomerica será libre, me uno a la denuncia de los atropeyos del Estado Colombiano contra la oposición. OIA y CECOIN denuncian señalamientos de El Tiempo que incriminan Héctor Mondragón En tiempos en los que la impunidad, la ausencia de verdad, el favorecimiento a los amigos del régimen, la persecución a sus contradictores y el acallamiento a cualquier voz disidente o libre pensadora se manifiesta en detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones o falsos positivos y en señalamientos calumniosos del presidente Uribe Vélez contra sus opositores politicos, tenemos que mantener la entereza y el coraje que la verdad y la búsqueda de justicia dan a los hombres nobles y justos. http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=8593 CNA Respalda al Maestro Mondragón El Coordinador Nacional Agrario de Colombia C.N.A brinda su respaldo y reconocimiento al investigador HÉCTOR MONDRAGÓN. http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=8597 Rechazamos maniobra para vincular a dirigente Héctor Mondragón con las FARC La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, expresa su solidaridad con Héctor Mondragón y su rechazo a la agresión en su contra, y hace extensivos esta solidaridad y este rechazo a todos los movimientos indígenas del continente, exigiendo poner fin a la criminalización de sus demandas y el respeto a sus derechos por parte de los gobiernos. http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=8592 Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN Telefax: 0928 - 290958 - 293999 Email: acincauca@yahoo.es Web: www.nasaacin.org Santander de Quilichao Cauca -Colombia

Re: Los Derechos Humanos en Colombia

Por Juan JHözeth el 17/09/2008

A continuación les comparto un artículo que me enviaron del Boletín del Polo Democratico Alternativo. Elementos probatorios contra el ex General Rito Alejo Del Río. Javier Giraldo Moreno, S.J. Colombia, septiembre 9 2008 El General DEL RÍO no llegó a Urabá sin antecedentes inquietantes que fueron configurando una trayectoria y un perfil fuertemente contrarios a lo que la ética y el derecho demandan de la milicia. Una serie de acusaciones han quedado registradas en numerosos expedientes judiciales y disciplinarios, entre los cuales conocemos estas: 1 Ya desde 1982 el oficial DEL RÍO le quitaba horas de sueño al mismo Ministro de Defensa, que era un General de derecha, que por esos mismos meses salió en defensa de 59 militares acusados por la Procuraduría de integrar la estructura paramilitar denominada MAS (Muerte A Secuestradores). Según lo relató el General Fernando Landazábal (+) a un Mayor del Ejército hoy retirado, el General DEL RÍO aprovechó su estadía en Israel entre 1982 y 1983, donde coincidió con Carlos Castaño Gil 1 , posteriormente líder nacional de los paramilitares, para conseguir arsenales de armas con destino a la estructura paramilitar. Cuando el General Landazábal, entonces Ministro de Defensa, se enteró del asunto por fuentes confiables, envió a Israel a un periodista de su plena confianza y además ex militar, para investigar si todo ello era cierto. El periodista Ovidio “Peter” Charria pudo comprobarlo todo sobre el terreno y le informó por teléfono al General Landazábal que ya estaba preparado un avión (el Hércules 1003 de la Fuerza Aérea Colombiana) cargado con dichas armas, que debía aterrizar en Bogotá el 18 de octubre de 1982 y que él mismo pensaba regresarse en ese vuelo. El Ministro de Defensa preparó un operativo en el aeropuerto militar de Catam para recibirlo con una inspección minuciosa, pero el 17 llegó la noticia de que el avión había caído al 1 En su autobiografía titulada “Mi Confesión”, el líder paramilitar Carlos Castaño Gil afirma que estuvo en Israel en 1983, cuando cumplió 18 años (pg. 107); que allí hizo un curso de un año en el cual tenían 3 meses de trabajo y 1 de descanso y en éste él viajaba a Colombia (pg.108); que ese curso no tenía nombre sino un número: el 562, en el cual aprendían “fundamentos de armamento atómico y manejo psicológico de operaciones” y en lo práctico aprendían a “bloquear un carro blindado y utilizar las granadas de fragmentación para romper entrando a un objetivo, practicamos con lanzagranadas múltiple y entrenamos para dar golpes certeros con RPG7, o introducir un proyectil de un obús por una ventana (...) miras nocturnas y paracaidismo, incluso aprendimos a fabricar explosivos manuales” (pg. 109). Allí mismo afirma que tuvo la oportunidad de conocer a militares colombianos del Batallón Colombia con los cuales se reunía en los días de descanso (pg. 110).[ Cfr. CASTAÑO, Carlos, “Mi Confesión”, Editorial Oveja Negra, Bogotá, 2001]. Por su parte, el GERENAL RITO ALEJO DEL RÍO, en su versión libre rendida el 26 de agosto de 1998 ante un Fiscal Delegado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, afirmó: “En 1983 llegué al país procedente del Batallón Colombia destacado en el Sinaí donde me desempeñé como Oficial de Operaciones en la Fuerza Multinacional de Paz, era Mayor” (pg. 1-2). Mar, a 280 kilómetros de Nueva Jersey, por el sobrepeso que traía, pereciendo allí el mismo periodista Ovidio Charria. Entre los 13 ocupantes, casi todos militares de la Fuerza Aérea, excepto el periodista y un capitán del Ejército, se salvaron 8 que fueron rescatados por un barco liberiano capitaneado por un canadiense, quien declaró su extrañeza de ver que los ocupantes “perdían tiempo” –según él- “arrojando la carga”, ya que solo tenían gasolina para 10 minutos y podrían amarizar sin riesgo de incendio.2 2 Las jerarquías castrenses no juzgaron, sin embargo, conveniente, interrumpir la carrera militar del oficial DEL RÍO. De su paso por la Comandancia del Batallón “Rafael Reyes”, con sede en Cimitarra (Santander), de 1985 a 1986, ya como Coronel, queda la denuncia de uno de los activistas paramilitares más comprometidos que se han arrepentido y develado infinidad de crímenes. Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias “El Negro Bladimir”, en su indagatoria del 8 de agosto de 1995 en la penitenciaría de Palmira (Valle), confesó que se reunió muchas veces con el Coronel DEL RÍO y otros oficiales del Batallón Reyes para coordinar las actividades paramilitares en la zona.3 3 Otro antecedente inquietante que revela en la conducta del General DEL RÍO maneras de actuar de esas que obedecen a impulsos muy afianzados pero contrarios a toda ética, lo denuncia un Cabo Primero retirado del Ejército 4 , quien perteneció al Batallón Girardot, con sede en Medellín, del cual el entonces Coronel DEL RÍO fue Comandante entre 1986-87. A comienzos de 1987 el Coronel DEL RÍO le dio la orden a dos Cabos de infiltrar una finca en cercanías de la población de Santa Rosa de Osos (Antioquia) a cuyos moradores se acusaba de “colaborar con la guerrilla”. A pesar de que los Cabos comprobaron que se trataba de falsas acusaciones y así se lo informaron al Coronel DEL RÍO, éste les ordenó, dos horas después de recibir el informe, que con 5 soldados vestidos a la usanza de la guerrilla se pusieran a órdenes de un informante, y que cuando llegaran al objetivo debían eliminar a todos los presentes sin dejar testigos. Cuando el Cabo 2 Ver edición del diario El Tiempo, de Bogotá, del 21 de octubre de 1982, pag. 2 y 6 A. El siniestro fue reseñado en los diarios de Colombia con titulares de primera página casi durante toda la semana siguiente. La información sobre el cargamento de armas enviado por el oficial DEL RÍO para los paramilitares le fue confiada por el General Landazábal a un Mayor del Ejército, quien la narró ante organismos de derechos humanos y ofreció ratificarla ante tribunales internacionales. 3 Dicho documento hace parte del expediente penal No. 4239, y es parte de la indagatoria realizada el 8 de agosto de 1995, folio 2..3 Denunciante descubrió que se trataba de la misma familia que ellos habían investigado poco antes, impuso su autoridad sobre el informante y le impidió perpetrar el crimen, pero allí mismo descubrió que el “informante” quería eliminar a esa familia, vecina suya, para no pagarle una deuda grande que tenía con ella por compra de ganado. El General DEL RÍO se enfureció con el Cabo a quien sancionó por no haber obedecido sus órdenes y lo envió a combates altamente riesgosos, lo que la víctima interpretó como una intención de hacerlo matar. Por esto, el Cabo tomó la decisión de fugarse. 5 4 La llegada del General DEL RÍO a la Comandancia de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa (Antioquia), en diciembre de 1995, estuvo seguida a las inmediatas por un caso de desaparición forzada de personas, crimen que fue perpetrado en las mismas instalaciones de la Brigada. En efecto, el 16 de diciembre de 1995, a las 12 del mediodía, en el sitio La Arenera, del corregimiento de Currulao, municipio de Turbo, fueron retenidos, ante la vista de muchos testigos, por miembros del Batallón Vélez, los campesinos ALCIDES TORRES ARIAS y ANGEL DAVID QUINTERO, ambos padres de familia con varios hijos, y llevados a las instalaciones de la Brigada XVII. En el momento de su retención se dirigían hacia la casa de la madre de Alcides, en una motocicleta marca Honda, de color rojo, de placa No. DCU-35. Según declaró ante medios de prensa el General DEL RÍO, las capturas tuvieron lugar en medio de operativos contrainsurgentes de la Brigada. Según él, a otros capturados, cuyos nombres no dio, los habrían enviado a fiscalías de Medellín, y en cambio a éstos los habían “dejado en libertad”6 . Los familiares pudieron visitar a los retenidos en las instalaciones de la Brigada los días 17 y 18 de diciembre, llevarles ropa, cobijas y comida, pero el día 19 les pusieron obstáculos para ingresar a visitarlos y los hicieron esperar varias horas en la Guardia de entrada, supuestamente mientras llegaba el Fiscal, quien debería dar los permisos de visita. En su larga espera en la entrada, los familiares observaron la salida de un vehículo de color rojo con personas en su interior que ellos no pudieron identificar. Dicho vehículo se varó al atravesar la vecina población de Currulao, donde tuvo que esperar alrededor de un cuarto de hora para continuar su marcha. Varios pobladores de Currulao, que conocían personalmente a los 5 El Cabo retirado rindió declaración sobre estos hechos en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, en Bogotá, el 31 de mayo de 1999. Ante controversias procesales que se presentaron, debido a que había diferencias de apellidos entre su documento de indentidad militar y su cédula de ciudadanía, la Fiscalía pudo comprobar plenamente su identidad en una nueva declaración que rindió en Bogotá el 21 de junio de 2001. 6 Ver diario El Colombiano, domingo 7 de enero de 1996, pag. 7b..4 Desaparecidos, pudieron observarlos en el interior del vehículo. Sin embargo, los militares les informaron a las familias que ellos ya habían sido “dejados en libertad”. No se explica cómo no reclamaron la motocicleta (la que permaneció por mucho tiempo en la Brigada); ni vieron ni saludaron a sus familiares que estaban esperando en la entrada; ni firmaron la Orden de Libertad que supuestamente el Fiscal les envió. Nunca se volvió a tener noticia de sus paraderos. Aunque el caso fue denunciado antes las diversas instancias penales y disciplinarias, en pocos meses fue archivado. Hoy día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ocupa del mismo.7 En la entrevista al paramilitar Hebert Veloza, publicada en el diario El Espectador el domingo 3 de agosto de 2008, se refiere a un caso que al parecer coincide con éste: • El Espectador (E.E.): Usted, Mancuso y ‘El Alemán’ han mencionado al general Rito Alejo del Río, ¿por qué cree que la justicia no les para bolas? • Hebert Veloza (H.V.): Hay muchos ex militares que están incómodos. Yo puedo asegurar que él se reunió con Carlos Castaño. Desconozco por qué no lo vinculan a ningún proceso. Sólo le doy un dato: cuando yo era el comandante en Urabá y él era comandante de la Brigada 17, yo secuestré a dos personas que habían sido detenidas por el Ejército dentro de la Brigada. Las saqué de un calabozo. • E.E.: ¿Y cómo se saca a una persona de una brigada? • H.V.: Con complicidad. Yo me los llevé en un carro de la propia brigada, en un trooper rojo carpado. Los sacamos de un calabozo. Eran del V frente de las FARC y habían secuestrado a una señora en Buenaventura. Yo entré a la Brigada, saqué a las personas, las llevamos a Buenaventura y las desaparecimos. [El Espectador, agosto 3 de 2008, pg. 2-5] 5. Iniciada la Comandancia del General DEL RÍO en la Brigada XVII de Urabá, (diciembre de 1995), ya serán algunos de sus mismos subalternos, así como algunas autoridades civiles e incluso el Capitán que dirigía el organismo de Inteligencia de la Policía en la zona, quienes descubrirán su conducta como radicalmente contraria al ordenamiento legal y a los principios más elementales de la moral pública. Sin embargo, el mar de complicidades en que él se apoya y que se 7 La Fiscalía archivó el caso en 1999. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el expediente 597/2000 sobre este caso..5 Evidencia a través de las mismas denuncias, hace que los denunciantes sean de alguna manera excepcionales y que tengan que enfrentar altos riesgos y graves perjuicios al decidirse a denunciar. El Coronel Carlos Alfonso Velásquez Romero, Segundo Comandante de esa misma Brigada XVII y Jefe de su Estado Mayor, quien ocupó el cargo desde junio de 1995 hasta junio de 1996, se vio obligado a enviarle un informe al Comandante General de las Fuerzas Militares el 31 de mayo de 1996, en el cual le expresaba su conclusión de que el General DEL RÍO no tenía convencimiento alguno de que los paramilitares fueran un factor peligroso de desorden y violencia y esa misma convicción la irradiaba en sus subalternos. Desde su llegada se había dejado de actuar en absoluto contra los paramilitares y el tema había sido eliminado de toda planeación estratégica y de toda reunión de Comando. Aún más, las propuestas del Coronel Velásquez para abordar el tema fueron siempre rechazadas y el mismo Coronel fue relegado progresivamente, para anular toda su asesoría en materias de inteligencia, de estrategia y de operaciones. En su Informe, el Coronel Velásquez hizo referencia a un caso concreto en que los paramilitares atravesaron sin problema por un retén militar y a otro en que no se quiso detener a un grupo numerosos de paramilitares que fueron identificados, ni tampoco investigar disciplinariamente la omisión o complicidad de los militares al no detenerlos. En declaración posterior ante la Fiscalía, el Coronel Velásquez manifestó que sospechaba que había una filtración permanente de información desde la Brigada hacia los paramilitares de Carlos Castaño, de modo que éstos supieran a diario dónde había y dónde no había tropas del Ejército. 8 Sin embargo, el Comandante del Ejército, General Harold Bedoya, en lugar de investigar al General DEL RÍO, ordenó investigar más bien al denunciante y lo hizo llamar a calificar servicios el 1 de enero de 1997, excluyéndolo del Ejército. 6. Por su parte, la Alcaldesa de Apartadó, Dra. Gloria Isabel Cuartas Montoya, se presentó a la Fiscalía General de la Nación el 24 de abril de 1997 para denunciar el auge aterrador de la violencia paramilitar en su jurisdicción desde la llegada del General DEL RÍO 9 , así como la falta de colaboración del Ejército para 8 El Coronel Velásquez rindió además declaración en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, en Bogotá, el 8 de mayo de 1998, donde ratificó todas sus acusaciones. 9 En efecto, el documento “CODIGOS DEL SILENCIO”, elaborado en la unidad local del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Apartadó, como lectura transversal de las actas del COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN VIOLENCIA y de estadísticas anteriores, muestra que a los años 1995 y 1996 corresponden las más elevadas cifras de necropsias por muertes violentas (655 y 677 respectivamente) durante toda la década de los 90. (pag. 3 de dicho documento, cuadro).6 Combatirla, y para describir hechos concretos en los que ella había sido testigo directo de la colaboración entre militares y paramilitares. Posteriormente, el 6 de diciembre de 1997 y el 21 de octubre de 1998 la Alcaldesa declaró nuevamente en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y afirmó que la unidad de acción entre el Ejército y los paramilitares era de público dominio en la región y que los paramilitares ingresaban a las instalaciones de la Brigada XVII en motocicletas y otros vehículos sin ningún obstáculo. Expresó además que las denuncias hechas antes los superiores jerárquicos del General DEL RÍO habían sido inútiles. También denunció que el modelo de Cooperativas de Seguridad denominadas CONVIVIR, implantadas por el entonces Gobernador de Antioquia, ALVARO URIBE VÉLEZ (hoy Presidente de Colombia) de una manera inconsulta con los mandatarios locales, había agudizado en extremo la violencia, pues la selección de sus miembros se dejaba en manos de la Brigada XVII y ni siquiera los alcaldes podían enterarse de la verdadera identidad, ocupación y comportamiento social de los integrantes de esos grupos, a los cuales se confiaba la seguridad de la población, predominando la convicción de que actuaban en estrecha alianza con los paramilitares. Dejó constancia, además, de que el hecho de que militares y paramilitares compartieran retenes a muy poca distancia, evidenciaba su unidad de acción en muchos crímenes.10 7. El 2 de febrero de 1999, el ex soldado profesional Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, quien había sido integrante de uno de los batallones que combatieron en Urabá bajo el mando del General DEL RÍO entre 1996 y 1997 11 , hizo revelaciones escalofriantes ante delegados de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, mientras estaba detenido en una cárcel de Santa Rosa de Osos (Antioquia), acusado de “porte ilegal de armas”, 10 Estas declaraciones sucesivas de la Alcaldesa fueron asumidas dentro del expediente penal radicado bajo el No. 366 y posteriormente bajo el No. 426, en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos. 11 Este soldado prestó su servicio militar en Melgar en 1991 y luego se inscribió como soldado profesional. Luego de un receso de 6 meses en 1993 para reubicarse en la carrera militar, en 1994 fue adscrito al Batallón de Contraguerrilla No. 11 “Cacique Coyará”, de la XI Brigada con sede en Montería. En diciembre de 1995 todo el Batallón Coyará es enviado a Urabá a integrarse a la Brigada XVII al mando del General DEL RÍO. En septiembre de 1997 el soldado entra en conflicto con algunos paramilitares y militares por expresar opiniones contrarias al trabajo conjunto que está haciendo en la zona. Escapa a un intento de asesinato y logra que lo envíen a otra unidad militar, siendo adscrito entonces a la Brigada Móvil No. 3 que opera en Cundinamarca; de allí es enviado luego al Batallón Granaderos, que hace parte de la IV Brigada con sede en Medellín y allí pide la baja definitiva al constatar que en todas las unidades militares que conoce hay prácticas de Guerra Sucia, trabajando en estrecha alianza el Ejército con los paramilitares..7 Pues ya se había retirado del Ejército. Posteriormente declaró repetidas veces ante la Fiscalía 12 y se ratificó en sus denuncias, las que concretó mucho más. Su testimonio trasciende las prácticas de la Brigada XVII, pues se refiere también a la Brigada XI, a la cual estuvo integrado antes (1994-95), a la Brigada Móvil No. 3 y al Batallón Granaderos de la IV Brigada (últimos meses de 1997). En sus reiterados testimonios se destapa una verdadera Política de Estado que articula solapadamente el accionar paramilitar con las operaciones del Ejército en una estrategia integral. Afirma reiteradamente que fue obligado a trabajar en apoyo y en unidad de acción con las estructuras paramilitares que operaban en Urabá con miles de efectivos, y que la directriz permanente del Comandante de la Brigada, que era el General DEL RÍO, era trabajar con ellos. Afirma que en toda el área, tanto de la Brigada XI como de la Brigada XVII, así como en lo poco que conoció de otras Brigadas, se trabajaba en estrecha coordinación con los paramilitares. Menciona numerosos nombres de líderes paramilitares nacionales, regionales y locales que se reunía frecuentemente con el General DEL RÍO en la sede de la XVII Brigada, en Carepa (Ant.). Una de las prácticas que impresionan fuertemente en el testimonio del ex soldado Giraldo Yepes es la práctica de las “legalizaciones”, como asumidas y respaldadas por sus comandantes de compañía, batallón y brigada. En una de sus declaraciones las describe así: “significa coger a los campesinos, vestirlos de bandoleros, ponerles un fusil encima pa(ra) cuando llegue la Fiscalía decirle que sí era bandolero. Eso lo vi mucho tiempo y lo viví”13. En efecto, describe varias masacres concretas en que las víctimas fueron “legalizadas”. Cuando investigadores de la Fiscalía trataron de confrontar esos datos con otras fuentes, encontraron correspondencias fundamentales, aún teniendo en cuenta que los informes oficiales se hacen de modo que se acomoden a pautas legales de acción, y que los informes de los medios se apoyan en los oficiales.14 También describe el ex soldado en su testimonio los retenes que el Capitán Jaime Remolina Fontalvo hacía en cercanías del poblado de Pavarandó, en 12 El 10 de marzo de 1999 declaró ante un Fiscal Regional Comisionado en Manizales (Radicado 24.458). El 26 de mayo de 1999 declaró en Medellín ante un Fiscal delegado de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, dentro del proceso que se seguía allí contra el General DEL RÍO. Habiendo sido tomadas como creíbles sus denuncias, la Fiscalía ordenó su captura e inició un proceso penal contra él por pertenencia a grupos paramilitares (al obedecer las órdenes del General DEL RÍO) y rindió indagatoria en Yarumal (Antioquia) el 11 de febrero de 2002. 13 Declaración del 10 de marzo de 1999, folio 3 14 En las declaraciones rendidas ante la Procuraduría General de la Nación el 28 de julio de 2000 por el Mayor del Ejército Guillermo Antonio Chinome Soto, Comandante del Batallón Coyará al cual estaba adscrito el soldado Giraldo Yepes, es posible encontrar las referencias fundamentales de al menos las tres principales masacres relatadas por el ex soldado Giraldo. Evidentemente el Mayor acomoda su relato a pautas legales, eliminando toda participación de los paramilitares y presentándolas como combates contrainsurgentes desarrollados dentro de marcos legales..8 Compañía de 5 soldados y 8 ó 10 paramilitares, en los cuales hacían bajar a muchos campesinos de los camperos Uaz y las “chivas” de transporte público que recorrían esa vía; los llevaban forzados a un campo abierto y allí los fusilaban, los desmembraban y los arrojaban al río. Afirma que en un lapso de 15 días le tocó presenciar entre 50 y 60 casos similares.15 Pero al mismo tiempo el caso del ex soldado Giraldo Yepes revela la profundidad de las estructuras de impunidad que imperan hoy en Colombia. Mientras la Fiscalía y la Procuraduría, en algunas de sus instancias, afirman haber comprobado la veracidad de su testimonio, hasta llegar a rechazar una “retractación” que bajo presiones y amenazas hizo el 25 de julio de 2002, sin embargo solo utilizaron esa verdad contra él mismo para enjuiciarlo por “concierto para delinquir” (al obedecer las órdenes de todos sus comandantes), pero no han utilizado esa verdad para llamar a juicio a todos los que tenían responsabilidad de mando o participaron mucho más que él en los crímenes. Si el valeroso denunciante es el único enjuiciado, y la “verdad comprobada” solo vale contra él pero no contra los denunciados, ¿quién puede dudar de que lo que se quiere es castigar la denuncia? Esto sin tener en cuenta los varios atentados de que ha escapado el testigo y las numerosas amenazas recibidas en la prisión sin que sus clamores por una protección oficial hayan sido escuchados. Por eso en su inválida retractación el ex soldado afirma: “Yo no deseo rendir esta declaración, y me retracto de todo lo que he denunciado porque la Justicia Colombiana no ha actuado como se debe, en contra de los corruptos; solo me tiene a mí pagando cárcel nada más, debido a mi colaboración con la Justicia, que siempre he tenido el deseo y las ganas de denunciar lo mal hecho y las atrocidades que se ven en Colombia por parte del Ejército, Policía, SIJIN y empleados públicos”16 Con razón la Procuraduría, al evaluar dicha “retractación” la considera inaceptable, arguyendo: “está motivada por aspectos afectivos y no por un acto de espontaneidad, pues resulta inaceptable que luego que suministra datos que han sido verificados por las autoridades, llegue nuevamente al plenario indicando que se retracta de lo anotado porque no quiere saber nada de esto, siendo esta postura explicable cuando señala que se encuentra vinculado a la presente investigación, y como lo arguyó, lo que hizo fue denunciar hechos cometidos por los miembros del estamento militar al cual perteneció; por lo anterior, no se le da validez a lo 15 Declaración del 10 de marzo de 1999, folio 5. 16 Declaración rendida en la Cárcel de Bellavista, de Medellín (se nota claramente que bajo fuertes presiones), el 28 de julio de 2002, ante funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, dentro del proceso disciplinario 155-73307-2002..9 Sostenido en su retractación, más aún cuando se ha demostrado que muchos de los diferentes hechos narrados y aceptados por él, (y que [sic]) realmente ocurrieron”17 8. El Capitán, hoy retirado, de la Policía Nacional, Gilberto Cárdenas González, quien fue Jefe de la SIJIN de Urabá (Sección de Investigaciones Judiciales e Inteligencia, de la Policía) de 1996 a 1998, luego de indagar durante 4 años, por todos los medios legales, por qué fue destituido en septiembre de 1998, sin lograr obtener respuesta alguna, y habiendo escapado a 3 atentados contra su vida, buscó protección fuera del país y decidió denunciar, en noviembre de 2002, ante los organismos de control del Estado y ante órganos de las Naciones Unidas, lo que experimentó en carne propia en Urabá, cuando el General DEL RÍO comandaba la Brigada XVII y dirigía la Guerra Sucia en la región.18 Afirma que todos sus esfuerzos por reprimir el accionar paramilitar en Urabá, detectando y capturando a sus líderes y activistas, se estrellaron siempre contra el poder del General DEL RÍO, quien impulsaba y protegía a los paramilitares, y contra todo el engranaje de complicidades y colaboraciones que el General estructuró en la zona, en el cual se involucraban las mismas jerarquías regionales de la Policía, así como fiscales, jueces, procuradores, personeros y alcaldes de la zona, sin descontar a empresarios nacionales y extranjeros que se asentaban allí. En la primera página de su denuncia afirma: “Los paramilitares los creó el propio Gobierno colombiano para que hicieran el trabajo sucio, es decir, para que mataran a todas las personas que según el Ejército y la Policía son guerrilleras. Pero para hacer eso, tenían que crear un grupo al margen de la ley para que nadie sospechara del Gobierno de Colombia y de sus Fuerzas Militares. Es así como los paramilitares son entrenados por el mismo Ejército y la Policía de Colombia y son auxiliados y ayudados por éstos. Hasta miembros del Ejército y la Policía patrullan hombro a hombro con los paramilitares (...) Los paramilitares también favorecen los intereses de las multinacionales con intereses en Colombia, ya que se encargan de limpiarles el terreno de personas contrarias a sus intereses, 17 Concepto precalificatorio emitido por la representación del Ministerio Público en el proceso Radicado 426, el 24 de septiembre de 2002. 18 El 6 de noviembre de 2002 el Capitán [R] de la Policía Gilberto Cárdenas González, rindió declaración en la Procuraduría General de la Nación e hizo entrega de un documento de 54 páginas dirigido al Fiscal General de la Nación, acompañado de 97 anexos probatorios, documento que hizo llegar también a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Bogotá, y a la Embajada de los Estados Unidos de América..10 como sindicalistas o líderes populares, a los cuales desaparecen o asesinan aduciendo que son guerrilleros”19. Según el ex Capitán Cárdenas, el 12 de abril de 1997, en un operativo que hizo a cubierta junto con otros dos investigadores de la SIJIN que más tarde fueron asesinados 20 , pudo observar de cerca la reunión que sostuvo el General RITO ALEJO DEL RÍO con 11 líderes paramilitares de la región, todos con órdenes de captura registradas minuciosamente en su denuncia, y 3 representantes legales de la cooperativas CONVIVIR más fuertes de la zona. En dicha reunión, que tuvo lugar entre las 18 y las 21 horas, en una finca del corregimiento El Totumo, entre Turbo y Necoclí, también los acompañó el Coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, jefe del B-2 (Sección de Inteligencia) de la Brigada XVII 21. Esto revela con nitidez la unidad de acción entre la Brigada XVII, los paramilitares y las CONVIVIR.22 El CORONEL ANATOLIO CORREA FIGUEROA, Comandante de la Policía de Urabá en 1997 y por lo tanto jefe directo del entonces Capitán Cárdenas, se opuso a que los contactos y apoyos del General DEL RÍO respecto a los paramilitares fueran objeto de seguimientos, investigaciones y denuncias. Pero tanto dicho Coronel Correa, como quien lo precedió en el cargo el año anterior (1996), el CORONEL LIBARDO MOLINA CELIS, se plegaron completamente a las exigencias del General DEL RÍO, de no perseguir a los paramilitares. En efecto, el testimonio del Capitán Cárdenas menciona con detalles 4 casos de capturas importantes de paramilitares que él realizó o en las que tuvo que intervenir por oficio, en las cuales sus superiores lo obligaron, siguiendo órdenes del General DEL RÍO, a dejar el caso en manos del Coronel Plazas, del B-2 de la Brigada, quien le daba libertad inmediata a los capturados. Un libreto similar se repetía con ocasión de las capturas: una vez capturados los paramilitares, se presentaban en el Comando de la Policía de Urabá el Coronel Plazas y algunos de los representantes legales de las CONVIVIR y se llevaban al detenido “por orden del General DEL RÍO”, dejándolo en libertad el mismo día.23 19 Documento citado, pag. 1 y 3 20 Los investigadores de la SIJIN, Efraín Tirado Amado y Ever René Guerra Padilla, fueron asesinados en agosto de 2001, en Medellín, de acuerdo con el testimonio, pg. 7 21 Este Coronel fue trasladado a la Brigada XIII, con sede en Bogotá, cuando el General DEL RÍO fue Comandante de la misma, en 1998, donde continuó siendo el Jefe de la Sección de Inteligencia (B-2), y en abril de ese mismo año participó en el secuestro y asesinato del joven empresario israelí Benjamín Khoudari, siendo condenado a 40 años de prisión en noviembre de 2002, dado que uno de sus colaboradores denunció todos los pormenores del crimen. 22 Ver páginas 4 a 7 del testimonio citado. 23 Ver denuncia citada, pg. 7 a 9.11 Son abundantes también las denuncias del testigo sobre el CORONEL SANTIAGO PARRA RUBIANO, Comandante de la Policía–Urabá en 1998, quien se opuso a investigar a otros altos oficiales de la Policía de su jurisdicción que colaboraban de manera pública con los paramilitares 24 o se negaban a tomar medidas contra ellos. El testigo afirma que este Coronel recibía 30 millones de pesos mensuales de los paramilitares para que les guardara sus espaldas y que cuando él capturó a los dos asesinos de la Concejal de Apartadó, Gloria Elena Cardona (+ 21.01.98) el Coronel le rogó que los dejara en libertad porque esas capturas no le iban a agradar, ni al jefe de los paramilitares, Carlos Castaño, ni al General Martín Orlando Carreño, nuevo Comandante de la Brigada XVII (1998). En esa ocasión le suplicó: “entienda cómo se trabaja acá en Urabá; no se meta con los paramilitares; déjelos hacer su trabajo; ellos solo matan a los h.p. guerrilleros; o es que quiere usted que se llene esto de guerrilleros y después nos maten? (...) deje las cosas así; no se meta en problemas; lo que está buscando es que lo maten o lo echen de la Policía”.25 De todos modos, los asesinos de la Concejal fueron puestos después en libertad por la Fiscalía. A través de sus 54 páginas, el testimonio del ex Capitán Cárdenas menciona a numerosos miembros del Ejército y de la Policía involucrados en el apoyo y protección a los paramilitares, no solo en Urabá, sino también en Puerto Boyacá, donde él trabajó como Sub-teniente de la SIJIN en 1992. Pero uno de sus escalofriantes capítulos, a cuál más grave, acusa a los mismos órganos de control del Estado, como la Fiscalía y la Procuraduría, de ser colaboradores del paramilitarismo en la región. Allí denuncia al Fiscal Regional de Apartadó, Darío Eduardo Leal Rivera, cuyo despacho avocaba necesariamente todos los procesos relacionados con paramilitares en la zona, quien archivaba al menos el 80% de los expedientes. Familiares y testigos de las víctimas, que eran llamados a rendir declaraciones, con frecuencia aparecían luego asesinados. La esposa de dicho Fiscal, Astrid de Leal, era la jefe del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) de Urabá y uno de sus investigadores, Ivo Jaime Díaz Salazar, fue reconocido por un testigo que pretendió colocar allí una denuncia, como alguien que patrullaba conjuntamente con los paramilitares que incursionaron en su finca. Las denuncias puestas por el mismo ex Capitán contra dicho Fiscal ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Medellín, fueron todas archivadas.26 24 El Teniente Carlos Alberto Camargo Zamora, Jefe de la Policía de San Juan de Urabá, prestó escolta al líder paramilitar con orden de captura Pascual Rovira Peña Solera, quien asistió a la posesión del alcalde de San Juan en enero de 1998 y fue filmado en video. El Teniente Carlos Alberto Osorio Cardona, Jefe de la Policía de Dabeiba, apareció en un noticiero de Teleantioquia patrullando el pueblo junto con los paramiliares (a finales de 1997). 25 Ver páginas 17 a 20 de la denuncia 26 Ver páginas 36 a 40 de la denuncia..12 9. El 28 de julio de 1999 se presentó a la Fiscalía General de la Nación otro ex soldado que quería también denunciar procedimientos delictivos de la Brigada XVII. Había ingresado al Ejército en noviembre de 1997 y fue asignado al Batallón Voltígeros, que tenía su sede en Carepa (Antioquia), en las mismas instalaciones de la Brigada XVII. Dados sus conocimientos en informática, lo dedicaron a labores de oficina, en el área de Operaciones (S-3). Entre sus denuncias, el ex soldado afirmó que detrás de la Brigada existía una base paramilitar que luego fue convertida en la sede de una CONVIVIR, y que dichos paramilitares, que aparecían como integrantes de la CONVIVIR, entrenaban en el polígono de la Brigada por concesión del General DEL RÍO. El entonces soldado vivió muy impresionado, según lo afirma en su testimonio, por el altísimo nivel de violencia y brutalidad al que se sometía a las gentes de las comunidades pobres de la zona, mientras las unidades militares, en lugar de defender a la gente, le cubrían las espaldas a los paramilitares que eran los que realizaban las acciones más atroces y tenían la Brigada como su propia casa. En su trabajo de digitador, incluso conoció el borrador de un documento escrito por un Teniente que comandaba un batallón anexado temporalmente a esa Brigada, en el cual confrontaba al General DEL RÍO por no proteger a la gente que era víctima de semejantes atrocidades; sin embargo, el Teniente tuvo que retirar su documento y callarse, siendo enviado luego a un lugar selvático. Cuando el soldado posteriormente quiso saber algo del incidente, el único comentario del Teniente fue: “el que manda, manda”. El ex soldado describe con precisión, respaldada con fotografías, la presencia paramilitar en los diversos asentamientos que se ubican en la vía que va desde Turbo a San Pedro de Urabá, zona conocida por él minuciosamente a causa de sus raíces. Muestra cómo las bases paramilitares están situadas a muy poca distancia de las bases militares para apoyarse mutuamente. Todo corona en la inmensa base paramilitar asentada en el corregimiento de Santa Catalina, a pocos minutos del centro urbano de San Pedro de Urabá y a no más de 20 minutos de la sede del Batallón Francisco de Paula Vélez. El testigo afirma que allí hay más de 350 paramilitares con sus familias, protegidos por tres anillos de seguridad o “Puestos de Avanzada de Combate” –PAC-, separados por distancias de 1 kilómetro. A pesar de que el testigo entregó los números de muchas placas de vehículos utilizados por ellos, fotografías y descripciones minuciosas de la base más frecuentada por Carlos Castaño, cuatro años después ningún organismo de control del Estado se había interesado por investigar y abrir juicios al respecto. El entonces soldado fue testigo de cómo, bajo la comandancia del General DEL RÍO, en 1997, se dio orden a unidades militares de retirarse de San José de Apartadó hacia una vereda lejana, con el fin de que los paramilitares entraran a asesinar pobladores. Una vez perpetrados los crímenes, se les dio la orden de regresar. También presenció personalmente una “acción cívico militar” en Bajirá, en 1998, y comprobó que patrullaban en fila india, intercalados entre militar y paramilitar. Ubicó, además, con croquis y fotografías, varias fosas donde fueron sepultadas muchas víctimas. Cuando cavaron algunas de esas fosas, en dos fincas situadas entre Apartadó y Turbo, les pagaban a los niños del lugar 3.000 pesos por cada hueco. Los pobladores pudieron observar que allí no sepultaron cadáveres completos, pues todas las víctimas estaban descuartizadas.27 10. Pero si ha habido miembros del Ejército y de la Policía que han decidido develar los horrores de que fueron testigos por dentro, en el accionar conjunto de militares y paramilitares, también ha habido integrantes de los grupos paramilitares que han denunciado lo que vivieron desde sus posiciones. Así, el 13 de febrero de 1998, se entregó ante delegados del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, en Santa Rosa de Osos (Antioquia), el paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, quien había ingresado desde 1994 a la estructura paramilitar de Carlos Castaño. La Fiscalía lo interrogó en 9 ocasiones, entre febrero de 1998 y febrero de 1999. 28 Su testimonio confirma, de manera muy concreta, la coordinación entre militares y paramilitares. Al describir varias masacres en concreto, relata cómo algunos de sus jefes visitaban de antemano a los comandantes de los batallones militares de la zona y de los distritos de la Policía para que retiraran los patrullajes que estaban operando en la zona seleccionada, o para que de ningún modo bloquearan las operaciones paramilitares. En ocasiones, como en la Masacre del Aro (Ituango, Antioquia, 25 de octubre /97) algunos suboficiales y oficiales del Ejército participaron en directo en la masacre, al lado de los paramilitares, y un helicóptero del Batallón Girardot les prestó apoyo en abastecimiento de munición y medicinas. Afirma también que el Ejército los dotaba de carnets de las CONVIVIR, que era una especie de contraseña para poder pasar con armas, sin obstáculos, por los retenes militares. 27 El soldado rindió su testimonio el 28 de julio de 1999 ante fiscales de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, dentro del expediente UDH-426, en una extensión de 17 folios. 28 Indagatorias que tuvieron lugar: el 16 de febrero, el 21 de febrero, el 2 de abril, el 27 de abril, el 17 de septiembre, el 16 de octubre y el 21 de octubre de 1998, y el 4 de febrero de 1999, dentro del Radicado No. 333 que cursaba en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos. El relato sobre el entrenamiento que recibió, en 1994, en la hacienda “Las Tangas” (Valencia, Córdoba) de propiedad de la familia de Carlos Castaño, no puede ser más escalofriante: la “prueba de coraje” consistía en desmembrar a una persona. Según él, cada 15 días llevaban a la hacienda 8 personas para descuartizar. Tenían, además, un trato hecho con el Batallón Voltígeros, de la Brigada XVII. Ellos (los paramilitares) capturaban a supuestos “guerrilleros” y se los entregaban al Ejército en un sitio acordado, ordinariamente una tienda del camino, y los militares les pagaban con fusiles, granadas y uniformes de camuflaje. En marzo de 1997 entregaron a 8 presuntos “guerrilleros” y les pagaron por ellos una ametralladora M-60, 6 fusiles AK-47 y varias granadas. En los contactos de comandante a comandante circulaban listas de personas para matar. 11. También el 19 de abril de 2000 se entregó ante delegados del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, en Medellín, el paramilitar Carlos Alberto Bonilla Gutiérrez. Entre los operativos que relata, en los cuales participó personalmente, están los de la toma de Riosucio (20 de diciembre de 1996) y de Vigía del Fuerte y Bellavista (22 de mayo de 1997) que hacen parte de los hechos denunciados en este escrito. Según su testimonio, la toma de Riosucio fue coordinada con el Coronel Coronado, del Ejército. Habían acordado que primero entraran los paramilitares para hacer su oficio (matar y desaparecer) y luego se internarían en el monte cuando el Ejército comenzara a llegar, como en realidad se hizo, según él. Cuando en un enfrentamiento con un destacamento guerrillero en esa zona fueron muertos 57 guerrilleros, el Coronel Coronado solamente reportó 15 ó 20 muertos, para poder entregar las demás armas incautadas a los paramilitares. En la toma de Vigía del Fuerte, la Policía del lugar no los reconoció en un primer momento y los recibió con fuego, pues los confundió con guerrilleros, pero luego les pidió disculpas y los acogió con entusiasmo. Allí en Vigía, el testigo conoció más en directo al paramilitar apodado “Mochacabezas”, el cual llevaba una motosierra para decapitar a sus víctimas y luego arrojarlas al río. En ocasiones obligaba a los capturados a sacar una ficha de una bolsita que portaba, para que probaran suerte en el tipo de muerte que sufrirían, según las tres opciones que ofrecían las fichas: descuartizamiento, fusilamiento o degollación. Una vez sacada la ficha, la víctima era ejecutada con el método allí marcado. El testigo fue asesinado posteriormente en la misma ciudad de Medellín, donde se había entregado.29 12. No solo algunos militares y paramilitares decidieron develar ante la justicia atrocidades que presenciaron y que cargaron por diversos tiempos como peso insoportable de conciencia. También algunos civiles lo hicieron. Un acomodado ganadero que visitó en 1995 varios corregimientos del municipio de Unguía (Chocó), aconsejado en confesión por un alto jerarca de la Iglesia, decidió denunciar, bajo la condición de que se guardara reserva de su identidad. En sus correrías por la zona se había encontrado repetidas veces con integrantes de un frente guerrillero de las FARC cuyo comandante era llamado “Víctor” y su segundo comandante “Vicente”. Avanzado el año 95, se enteró de que “Vicente” había desertado de la guerrilla y vivía en un batallón militar de la zona, donde dos comerciantes de Balboa, conocidos cercanos del testigo, quienes fueron retenidos por el Ejército, pudieron verlo directamente, uniformado de militar. El testigo afirma que con posterioridad al 15 de octubre de 1995 la zona comenzó a ser invadida por paramilitares comandados por “Vicente”, quienes se movilizaban al lado del Ejército regular. Él mismo pudo observar en directo, mientras esperaba una embarcación en la playa del caserío de Titumate, cómo el 16 de octubre de 1995, en la barcaza “Amerindia”, propiedad del acaudalado terrateniente y narcotraficante Conrado Builes, desembarcó en Titumate un destacamento de paramilitares comandado por “Vicente”, a quien él reconoció en directo, acompañados, en la misma barcaza, por un contingente de militares. El declarante relaciona este hecho con el comienzo de un período de represión brutal que se vivió en los asentamientos integrados a los municipios de Unguía y Ríosucio, que llevó a éxodos masivos. Menciona el asesinato brutal de un comerciante de Balboa a quien le sacaron los ojos y le hicieron otras atrocidades que él no se atreve a describir, y la muerte igualmente brutal de un pobre hombre que sacaba arena del río, hechos todos perpetrados por el grupo de “Vicente”, que andaba siempre acompañado por unidades militares. Quizás, por las referencias que da de otros hechos, el declarante puede estar equivocado en el número del año (podría ser 1996 en lugar de 1995), pero de todos modos ubica el accionar paramilitar de “Vicente” y de su estructura paramilitar a 29 El testigo rindió indagatoria el 20 de abril de 2000, en el Cuerpo Técnico de Investigaciones de Antioquia, de la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, de Medellín. partir de los dos últimos meses de 1995. Si se tiene en cuenta que el General DEL RÍO llegó a Urabá en diciembre de 1995, como Comandante de la Brigada XVII que comprende toda esa zona, se entiende que el testigo acuse directamente a este General por no haber entregado a “Vicente” a las autoridades competentes de la Justicia “en acatamiento a las leyes de la Constitución que el Señor General debió haber jurado defender”, sino haberlo mantenido en los batallones adscritos a la Brigada, respaldando su accionar criminal que se integraba de manera perversa con el accionar del ejército regular, como él mismo testigo lo analiza: “era muy fácil tener como retaguardia al ejército legítimamente constituido, pero en ciernes en actos delincuenciales, por estar protegiendo una vanguardia criminal dirigida por un ex guerrillero que iba sobre seguro a sitios donde presumiblemente el ejército nunca hubiera penetrado y a actos que desde luego no ejecutaba el ejército pero lo permitía de otros, tal como se estableció como conciencia colectiva”.30 13 Otro civil, pequeño empresario, que trabajó con dragas en algunas zonas mineras del Nordeste de Antioquia, fue interrogado el 2 de mayo de 2000 en la Cárcel de Bellavista, de Medellín, por fiscales delegados de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos. Según su testimonio, en 1995, cuando logró ubicarse con su draga y sus trabajadores en una finca de aluvión, entre los corregimientos de Cristales y San José del Nus, del municipio de San Roque (Antioquia), pronto fue convocado por el jefe paramilitar de la zona que tenía su sede en Cristales pero que departía constantemente con la Policía de San José del Nus. Dicho líder paramilitar, de nombre John Jairo, alias “Filo”, lo encañonó durante un buen rato para matarlo porque pagaba cuotas exigidas por la guerrilla y terminó obligándolo a pagarle a él una cuota mensual de 250.000 pesos. Meses más tarde, cuando el testigo se vio en crisis económica por la baja rentabilidad de su trabajo minero, “Filo” lo recomendó para que le permitieran trabajar en los dominios de la hacienda “Guacharacas”, propiedad del entonces Gobernador de Antioquia, ALVARO URIBE VÉLEZ (hoy Presidente de Colombia), administrada por el Señor LUIS VILLEGAS URIBE,31 primo del Dr. Uribe Vélez. 30 El testigo declaró, con reserva de identidad, bajo el código 001, ante la Unidad Delegada ante los Jueces Regionales, de Medellín, el 14 de agosto de 1998. Nuevamente declaró, para ampliar algunas denuncias, ante el Fiscal Regional de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, en Medellín, el 24 de agosto del mismo año. La cita textual se toma del quinto folio de su primera declaración. 31 Según un Informe de Inteligencia del B-2 de la XIV Brigada, fechado el 24 de septiembre de 2003 (numeral 4.4.) el Señor LUIS VILLEGAS era quien le suministraba apoyos en dinero e información (al Bloque Central Bolívar, de las AUC) sobre el Bloque Metro, porque él fue de ellos. Allí mismo se afirma que en la semana anterior al 24 de septiembre de 2003 hubo una reunión en la finca de Don LUIS VILLEGAS, entre alias “Comando 90” y alias “Calimán” con un Capitán del Ejército a quien le dieron la suma de 50 millones para que los dejara trabajar en la zona, manifestando el Capitán que no había problema pues él era el encargado de la zona. Allí el Bloque Central Bolívar, en coordinación con el Capitán, recuperó 6 vehículos tipo campero y montero del Bloque Metro y fueron utilizados para el desplazamiento de personal hacia el área de San Roque. Añade que el domingo 21 de septiembre, cuando estuvieron en El Vesubio, San Roque, el mismo Capitán informó a alias “Comando 90” que iban para allá y que se fueran, que él les avisaba cuándo sacaban la tropa. Un registro de prensa divulgado vía internet el 23 de noviembre de 2004, denunciaba el asesinado de “el ganadero LUIS VILLEGAS URIBE, primo del Presidente Álvaro Uribe Vélez”, quien habría sido atacado por dos pistoleros en un comercio de su propiedad en el municipio de San Roque. La fuente era el Párroco de SanRoque, Padre Edgar Rivera. Entre febrero y marzo de 1997, el testigo se trasladó a la hacienda “Guacharacas”. En todo el relato testimonial queda claro que la zona aludida estaba dominada por estructuras paramilitares apoyadas por todas las autoridades y los hacendados de la región. Don Luis Villegas Uribe, el administrador de la hacienda, le recomendó al testigo pagar fielmente la cuota mensual a los paramilitares y él mismo se ofreció de intermediario de los pagos. Luego llegó otro jefe paramilitar, alias “Beto”, quien se instaló con 40 paramilitares más en la hacienda “Guacharacas” del hoy Presidente de la República Alvaro Uribe Vélez. El testigo pudo constatar, entonces, que de allí salían en las noches a matar gente, y que con ellos se movilizaba un militar que iba siempre acompañado por un Señor de nombre Fernando, oriundo del municipio de Cisneros, alias “El Cojo”. En una ocasión, le pidieron al testigo que prestara su camioneta para ellos ir a matar a un comerciante del corregimiento El Rubí, del municipio de Yolombó, a quien acusaban de simpatizar con la guerrilla. Aunque él no prestó su camioneta, al comerciante lo asesinaron un sábado muy cerca de la media noche. El testigo afirma que “Filo” gritaba en las reuniones públicas que él había matado en tres meses a más de 138 personas y que desafiaba a que se le acercaran todas las autoridades “y no nos hacen nada porque somos los mismos”. Cuando el testigo le preguntó a “Beto” quién le enviaba las armas, él respondió que el General RITO ALEJO DEL RÍO, “que es un duro del ejército”. En su testimonio, este sufrido empresario afirma, además, que durante su permanencia en la hacienda “Guacharacas” apareció un día allí Ramiro Cevallos, persona a la que acusaban de haber participado en un ataque a la hacienda, pero él pedía que lo escucharan y que le permitieran trabajar, pues estaba en la miseria. Cuando el testigo intercedió para que lo escucharan, el líder paramilitar “Beto” le respondió que había que “llevárselo al Patrón”, Alvaro Uribe Vélez, para que él decidiera. Dos días después, un lunes, los paramilitares fueron a buscar a Ramiro y a su hermano, para “llevarlo ante el Patrón”, sin que se hubiera vuelto a tener noticia de sus paraderos.32 14. La impunidad en que todos estos crímenes se mantienen, encuentra un blindaje en las mismas medidas de seguridad con que se protegen los victimarios, amparadas por leyes y decretos y que sirven para obstaculizar cualquier investigación sobre sus conductas. En efecto, el 18 de octubre de 2000, una investigadora judicial, en cumplimiento de un despacho comisorio emanado de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, practicó una inspección judicial en la Dirección de Inteligencia del Ejército, con el fin de establecer los números de teléfonos celulares asignados al comandante y al subcomandante de la Brigada XVII en esos años. La respuesta dada por la Sra. Nelly Corzo Ribero, Asesora Jurídica de la Dirección de Inteligencia, es muy significativa: manifestó que tal información “no se encuentra disponible por cuanto los números de los celulares se mantenían en reserva y solamente existiría un dato contable genérico donde resulta del todo imposible identificar y descubrir los teléfonos solicitados (...) más, habida cuenta del tiempo transcurrido, que por razones de orden público y seguridad, han sido archivadas y en oportunidades incineradas”.33 A nadie se le oculta que con tal blindaje de los instrumentos que ayudarían más a la investigación de un crimen o de una cadena de crímenes, se crea un espacio de “manos libres” que facilita enormemente la perpetración de los crímenes al garantizar su impunidad. Mejor suerte corrieron, sin embargo, quienes investigaban el secuestro y asesinato del joven empresario israelí Benjamín Khoudari y de otras personas en 1998, cuando el entonces General DEL RÍO era Comandante de la Brigada XIII en Bogotá. En efecto, los instructores del expediente 35.487, al realizar una inspección en la empresa MELTEC, S. A., de telefonía celular, comprobaron que tres números involucrados en llamadas relacionadas con esos secuestros correspondían a celulares asignados el Señor RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS, representante legal de la Brigada XIII. 32 El testigo rindió su declaración en la Cárcel de Bellavista, de Medellín, el 2 de mayo de 2000, ante fiscales delegados de la Unidad Nacional de Fiscalía de Derechos Humanos. 33 Cfr. Informe No. 106300, del 9 de noviembre de 2000, procedente de FGN.CTI.GDH.-C15, dirigido al Jefe Sección Investigaciones de la Dirección Nacional del CTI, en cumplimiento de Despachos Comisorios # 641 del 11 de mayo y 1052 del 3 de octubre de 2000, dentro del Radicado No. 426 UNDH- M. T. No. 4747, fol. 3°. 15. Otro campo en que la seguridad de los militares se puede confundir con el blindaje de los crímenes, es el de las comunicaciones radiales. La ejecución de muchos crímenes, como lo denunciaron los mismos soldados, fue coordinada por esos medios. Y en efecto, cuando la Fiscalía quiso indagar sobre el funcionamiento de los sistemas de seguridad en las comunicaciones radiales, el Mayor Emiro José Barrios Jiménez, en su declaración rendida ante la Procuraduría General de la Nación el 22 de junio de 2000, afirmó: “La Brigada XVII contaba con radios de comunicación que tienen un mecanismo de seguridad de voz (...) Para escuchar lo que se dice por el radio las unidades deben poseer el mismo tipo de radio, la misma frecuencia y las mismas claves electromagnéticas internas. Complementariamente a la seguridad que se obtiene a través de los equipos de comunicación, los comandantes cuentan con un documento llamado IOC (Instrucciones de Operaciones de Comunicaciones), documento de carácter secreto donde se reemplazan las letras y palabras comunes y corrientes por códigos, por números que permitan garantizar el secreto y la seguridad en las comunicaciones, desorientando al enemigo sobre la realidad de las acciones militares”34 Cualquiera puede apreciar que estos mecanismos, diseñados para una seguridad informativa frente a un enemigo bélico, se pueden utilizar al mismo tiempo, como de hecho ocurrió, para encriptar los procesos de ejecución de los crímenes y blindarlos frente a cualquier investigación judicial de modo que su impunidad quede garantizada. 16. La vinculación del General DEL RÍO a acciones criminales paramilitares no cesó, sin embargo, con su desvinculación del Ejército, decidida por el Presidente Pastrana el 10 de abril de 1999. Un ex Suboficial del Ejército, que en otra ocasión había denunciado ante la justicia comportamientos criminales del General DEL RÍO, los cuales habían motivado que el testigo abandonara el Ejército, ya como un trabajador del agro se volvió a encontrar a dicho General en similares andanzas, doce años después. En efecto, los días 27 y 28 de septiembre de 2000, un ex 34 El Mayor Barrios Jiménez, quien se desempeñaba en 2000 como Jefe Administrativo y Logístico de la Escuela Militar de Cadetes, en Bogotá, había estado en el Batallón Vélez, de la Brigada XVII, en Urabá, entre 1995 y 1997, algún tiempo como su segundo comandante. Declaró en la Procuraduría General de la Nación, los días 21 y 22 de junio de 2000, dentro del radicado de Indagación Preliminar No. 009-22576-99. El texto se toma de la segunda sesión de declaración (junio 22), primer folio. Suboficial del Ejército y ahora agricultor, rindió declaración juramentada ante la Unidad Especializada de Fiscalías de Medellín.35 Según su testimonio, en la semana del 10 al 16 de septiembre de 2000, a la “Hacienda La Veinticuatro”, de la vereda de Puerto Tulape- La Laja, del municipio de Necoclí (Ant.), llegó el ex General DEL RÍO a reunirse con Carlos Castaño Gil, líder nacional de los paramilitares, y con otros líderes de la misma agrupación criminal, como los hermanos Salvatore y Pascual Mancuso, los hermanos Carlos Arturo y Carmelo Cogollo Lara, el ganadero Lisney Negrete, y otros líderes paramilitares del Magdalena Medio y del Cesar. Cuatro días después, un grupo paramilitar de cerca de 60 hombres armados, comandados por alias “Cobra” y alias “Salado”, salían de esa misma hacienda hacia una finca de Tierralta (Córdoba) donde masacraron a un elevado número de campesinos a quienes un “informante” habría señalado como “simpatizantes de la guerrilla”36 . Tres de las víctimas fueron llevadas vivas a la Hacienda La Veinticuatro por los paramilitares en su regreso, y allí fueron torturadas y descuartizadas y luego sepultadas en una montaña de la finca, donde, según dice, están sepultadas muchas otras víctimas. Como el testigo se negó a conducir un vehículo para realizar la masacre y además se resistió a ingresar en las filas de los paramilitares, un trabajador le informó esa semana que ya se había decidido su asesinato y le ayudó a escapar. A pesar de que el testigo describió con detalles el funcionamiento de la estructura paramilitar en toda el área comprendida entre los municipios de Necoclí y San Pedro de Urabá, entregando información abundante sobre la ubicación de las bases, sobre las personas que comandan y apoyan, sobre los vehículos utilizados, etc., sin embargo los órganos judiciales del Estado nada han hecho hasta ahora para someter a investigación y juicio tan enorme estructura criminal. Según el testigo, toda la población rural de la zona es forzada por los paramilitares a cultivar hoja de coca y a reconocerlos a ellos como autoridad suprema, y tienen como bases principales las haciendas “La Veinticuatro” y “La Cincuenta y Dos” en Necoclí, y “La Treinta y Cinco” como base central en San Pedro de Urabá, todas 35 El ex Suboficial del Ejército declaró en la Unidad Especializada de Fiscalías, de Medellín, los días 27 y 28 de septiembre de 2000, en tres sesiones, dentro del proceso radicado bajo el No. 383705. 36 La Prensa de esas fechas reportó una masacre realizada por paramilitares el día 20 de septiembre de 2000, en la finca El Guineo, de la vereda Naín, de Tierralta (Córdoba), en la cual fueron ejecutadas 11 personas y una más quedó herida, ocasionando el desplazamiento forzado de muchos pobladores. También reporta otra masacre el 21 de septiembre de 2000 en zona rural de Tierralta, en la cual fueron ejecutados 9 campesinos y para cuya ejecución los paramilitares fueron apoyados por helicópteros artillados suministrados por el Batallón Arhuacos, del Ejército. También reporta un combate entre Ejército y Guerrilla el 21 de septiembre, en el cual habrían muerto 6 guerrilleros. También reporta un ataque de paramilitares apoyados por helicópteros, al poblado indígena de Widó, en Tierralta (Córdoba), el 16 de septiembre de 2000, en la cual fueron asesinados tres indígenas y otros 22 fueron desaparecidos. Ellas frecuentadas por Carlos Castaño. La Policía y el Ejército, de acuerdo con su testimonio, solo “pasan” por allí y conversan mucho con los paramilitares, pero no tienen bases permanentes en los caseríos de Necoclí. 17. La tendencia a solucionar todo problema mediante acciones delictivas, parece más arraigada de lo que uno pueda imaginarse en la personalidad del ex General DEL RÍO. En efecto, cuando las investigaciones penales sobre su conducta parecían estar avanzando en la Fiscalía, recurrió a montajes contra personalidades del mundo sindical, de la izquierda política y del movimiento por la paz, para acusarlas de ser las instigadoras de las denuncias contra él, para lo cual se habrían servido de métodos inconfesables. Así fue como en octubre de 1998 consiguió que dos trabajadores que habían estado vinculados a la campaña presidencial del ex General Harold Bedoya Pizarro y a su movimiento político “De Pié Colombia”, sobornaran, cada uno a una persona que estuviera en grandes aprietos económicos, prometiéndoles recompensas si declaraban en la Fiscalía que Hernando Hernández (Presidente de la Unión Sindical Obrera), Ana Teresa Bernal (Presidenta de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz –REDEPAZ-) y Jaime Caicedo (Secretario del Partido Comunista de Colombia) los habían presionado para que acusaran a los generales Rito Alejo Del Río y Fernando Millán de ser patrocinadores de grupos paramilitares, y si lo hacían, tendrían, fuera del pago en dinero, un asilo asegurado en un país extranjero. Los intermediarios del soborno, Luis García y Rubén Salazar, lograron que un hombre y una mujer cayeran en la trampa. Los días 6 y 28 de agosto de 1998 la Fiscalía registra dichas “denuncias”. El hombre fue llevado previamente a las instalaciones de la XIII Brigada, cuyo Comandante era el General DEL RÍO, y allí un Teniente Rojas le presentó a una supuesta abogada quien lo condujo a la Fiscalía de la vecina localidad de Usaquén donde depuso su calumnia. La mujer solo le firmó un papel en blanco a Rubén Salazar y éste completó por su cuenta los trámites fraudulentos. Cuando en abril de 1999 la revista CAMBIO publicó una entrevista al General Millán, realizada por el periodista Plinio Apuleyo Mendoza -un periodista de larga trayectoria en calumnias contra las ONGs de derechos humanos- en la cual defendía la “inocencia” de los generales DEL RÍO y MILLÁN y aseguraba que las 22 acusaciones contra ellos se fundaban en montajes y sobornos de ONGs, mencionando en particular a Ana Teresa Bernal, ésta acudió a la Fiscalía para que investigara todo el montaje. Y en efecto, entre junio y julio de 1999 la Fiscalía logró ubicar a los supuestos “declarantes” quienes confesaron plenamente el chantaje en el que habían caído, presionados por sus apuros económicos. El hombre relató cómo el General DEL RÍO lo había recibido en las instalaciones de la Brigada XIII luego de su “declaración”; cómo lo había abrazado y agradecido, brindándole un almuerzo en la Brigada y enviando a su chofer para que lo llevara a tomar un bus de regreso a su casa.37 En ambos casos, las sumas ofrecidas por los sobornadores no habían sido canceladas sino parcialmente. 18. Pero la disuasión de declarantes asumió contornos más trágicos en septiembre de 2001, cuando la Investigadora Judicial II del Cuerpo Técnico de investigaciones de la Fiscalía se vio forzada a enviar un informe a su Director, el General ® Ismael Trujillo Polanco, para hacerle saber que dos días antes se había enterado de que había sido asesinado el ex Concejal de Apartadó JOSÉ DE JESÚS GERMÁN, quien se disponía a rendir una declaración en la Fiscalía contra el General DEL RÍO.38 La investigadora afirma que ella había evaluado en una entrevista previa, tanto la importancia como la credibilidad del testigo, y había llegado a la conclusión de que “era un testigo muy importante para la investigación que se sigue contra el General –R- Rito Alejo del Río Rojas”. El testigo había retardado su declaración porque en una entrevista con el Dr. Eduardo Alejandro Meza Cadena, Coordinador de la Unidad de Fiscalías de Derechos Humanos, éste le inspiró mucha desconfianza al no manifestar interés alguno por su problema de seguridad. Curiosamente el Dr. Meza sería el primero en enterarse, dentro de la Fiscalía, del asesinato del testigo. En sus relatos previos a la Investigadora, el testigo aseguró tener pruebas de que el General DEL RÍO había ordenado el homicidio de un compadre suyo en Apartadó y dijo estar en capacidad de presentar testigos y aportar otros elementos sobre masacres ocurridas en la región. La Investigadora evaluó que tales aportes comprometían al General DEL RÍO y a otros militares, así como a personas civiles 37 El hombre sobornado rindió declaración en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos el 23 de junio de 1999, dentro de la investigación preliminar 502. La mujer lo hizo el 23 de julio de mismo año. 38 Informe No. 4579 FGN.CTI.GDH.C15 dirigido a Radicado 426 y 426ª - Ver también El Espectador, edición del 16 de septiembre de 2001, pg. 5 A, y edición del 21 de octubre de 2001, pg. 9 A..23 que colaboran con el paramilitarismo en la región. La víctima afirmó, además, que estaba aún vivo, a pesar de ser militante y haber sido Concejal por la Unión Patriótica, gracias a que se presentaba públicamente como “comerciante” y no como miembro de la U.P. 19. Todo esto muestra que la “investigación penal” contra el General DEL RÍO se convirtió en un campo de alto riesgo para quienes en ella intervenían. El Informe sobre Colombia hecho público en noviembre de 2002 por la organización internacional Human Rights Watch, afirma: • “En las semanas posteriores a las críticas públicas de Osorio (Fiscal General de la Nación desde el 31 de julio de 2001) a la actuación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos en el caso DEL RÍO, por ejemplo, se desencadenó una campaña de persecución a los funcionarios judiciales que habían trabajado en el caso. Dos investigadores recibieron invitaciones a sus funerales, lo que provocó su huida del país. Los fiscales que firmaron la orden de detención contra el General DEL RÍO también salieron de Colombia tras recibir amenazas. Los dos funcionarios forzados a renunciar a su puesto por el Fiscal General Osorio, Pedro Díaz (Jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía) y Pablo Elías González (Vice-Fiscal General de la Nación) también salieron del país por temor a su seguridad” 39 20 . El documento audio-visual ampliamente divulgado por la familia del General Jaime Humberto Uscátegui, procesado por la masacre de Mapiripán, Meta [julio 15 a 20 de 1997], que lleva por título “¿POR QUÉ LLORÓ EL GENERAL?”, recoge el siguiente testimonio del Señor PEDRO JUAN MORENO VILLA, quien fuera Secretario de Gobierno de Antioquia durante la gobernación del Dr. Álvaro Uribe Vélez: • “Unos días antes de marzo 8 del 2000, recibí una llamada de la Señora Fanny Kertzman. Me dijo que en marzo 8 iba para Medellín y subí por ella al aeropuerto José María Córdova en horas de la mañana. Y en el camino me dijo estas palabras, me dijo: “Vea Pedro Juan, yo quería venir aquí a contarle lo siguiente: anoche estuve cenando con el Coronel Gallego y él le mandó decir a usted que no lo joda más, que 39 Cfr. Informe “UN GIRO ERRÓNEO”, emitido por Human Rights Watch en noviembre de 2002, (Internet: www. hrw.org/spanish/informes/2002/giro_erróneo.html) (pag. 4).24 si quiere guerra, hay guerra.” Le dije que listo, que a mí me gustaba mucho la guerra. Y me dijo: “Ah … es que el Coronel Gallego fue invitado a participar en la operación de Mapiripán y que él sabe todo, entonces la cosa es muy sencilla Pedro Juan, o usted se queda callado, o él se caga en el ejército”. Y le dije: perdone Fanny, ese chantaje me gusta poquito, para decirle la verdad. Pero es que el ejército no es mío, ni pienso comprarlo; si quiere cagarse en el ejército, que se cague, si el ejército está metido en ese problema. Ella se quedó un poco desconcertada con la respuesta mía y me dijo: “Pero ¿no ve que usted va a dejar entonces que los amigos suyos, el General Rito Alejo Del Río, vaya a quedar inmerso en todos esos procesos por las declaraciones que pueda dar Gallego?”. Y le dije, pues hombre, yo tengo unos nexos de amistad de tiempo atrás con el General Del Río, pero Fanny, si él está metido en eso, tendrá que responder a la justicia. Y a eso de las 5 ó 6 de la tarde llegamos a la casa, a la residencia del Doctor Álvaro Uribe Vélez. Uribe manifestó su cara de extrañeza y dijo: “Fanny mija (como dice él), el asunto es grave, dígale al Coronel Gallego que si él está, que si él conoce todas esas cosas, está en la obligación de poner eso en manos de la justicia.” Más adelante en el video, un funcionario judicial interroga al Coronel Leonardo Gallego así: • “Se le pone de presente y se le da lectura a la denuncia presentada por el Señor Pedro Juan Moreno Villa, con relación a los hechos de Mapiripán. Informe a esta audiencia si tiene información en el sentido que el ejército de Colombia, el ejército americano, la fuerza aérea colombiana y el General Rito Alejo Del Río estaban comprometidos en algún suceso respecto a la masacre de Mapiripán. La denuncia es del 17 de mayo de 2000.” El Coronel Gallego responde: • “Rechazo esas afirmaciones, nunca he tenido conocimiento al respecto, no conozco pormenores, ni privadamente ni públicamente he manifestado nada haciendo esas menciones que aparecen ahí”. Más adelante en el video, se reanuda la intervención del Señor Pedro Juan Moreno en estos términos: • “Mientras esto sucedía, recibí una llamada de la Señora Kertzman y me dice: “Pedro Juan, usted la embarró, ¿cómo hace esas cosas?, mire el escándalo que usted va a hacer, pues sepa que si a mí me citan, lo niego todo y me voy a vengar de usted”. Después la Señora Kertzman llamó al Doctor Uribe y Uribe me llamó a mí y me dijo: “Hombre Pedro Juan, bájele vapor a esas cosas”. Uribe me pidió que le bajara vapor a eso, y le dije: “pues hombre Uribe, ya las cosas están en conocimiento de la Ley, porque esa es mi obligación, y yo no estoy ni poniendo vapor a eso ni quitando vapor, las cosas fueron así y así se quedan”. Luego, en el video, el General Uscátegui interroga al testigo Pedro Juan Moreno en estos términos: • “El 15 de noviembre de 2004, la Doctora Fanny Kertzman Yankelovich rindió declaración ante el Consulado de Atlanta en los Estados Unidos en relación a los hechos que usted denunció en la que manifestó textualmente: “No tengo presente que se haya realizado esa conversación, ni tengo presente el contenido de dicha conversación”. Doctor Pedro Juan Moreno Villa: ¿qué tiene para decir con relación a lo manifestado por la Doctora Fanny Kertzman? El Señor Pedro Juan Moreno responde: • “¿Qué tengo que decirle, mi General?, que es una mentirosa de aquí a Cafarnaún, ¿qué más le voy a decir? Si ya no se acuerda de haber ido a hablar con Uribe allá, o está muy vieja y tiene alzhaimer, o está diciendo mentiras, porque los hechos se dieron como yo los cuento, y si no, me gustaría mucho, Señor Juez, que llamara al Señor Presidente Uribe, o le hiciera llegar la correspondiente comunicación del despacho con el propósito que diga si eso se dio o no se dio, porque yo sé que Uribe tiene sus raticos de amnesia pero yo creo que de esta reunión sí se acuerda”. Luego se aprecia en el video la intervención del Juez en estos términos: • El Doctor Álvaro Uribe Vélez el 29 de enero de 2001 y ante la Procuraduría General de la Nación confirmó que la conversación sí se sostuvo al declarar: “La Doctora Fanny Kertzman sí habló de la razón del Coronel”. Luego en el video se aprecian testimonios de militares quienes confirman que los aviones en que se desplazaron los paramilitares que perpetraron la masacre de Mapiripán sí salieron de Urabá y que dichos aeropuertos estaban custodiados por el ejército. El mismo General Uscátegui confirma que el Comandante en ese entonces de la Brigada XVII era el General Rito Alejo Del Río. Más adelante en el video, el piloto del DC-3, JUAN MANUEL ORTIZ MATAMOROS, afirma: • “Allí aterrizamos … quiero señalar que en la pista, como es usual en ese lugar, había personal del ejército y de la Policía Antinarcóticos, pues allí funciona la más grande Base Antinarcóticos del país, Entre los miembros de la fuerza pública que custodiaban el aeropuerto se encontraban 70 hombres de la Base Antinarcóticos dirigidos desde Bogotá por el entonces Coronel Leonardo Gallego”. El 24 de febrero de 2006, en un accidente aéreo ocurrido entre los municipios de Dabeiba y Mutatá (Antioquia), perdió la vida el Señor PEDRO JUAN MORENO VILLA. Las investigaciones superficiales que se hicieron sobre el accidente dejaron muchas dudas en la sociedad y en la misma familia de la víctima e incentivó ciertas hipótesis sobre un posible atentado, sobre todo porque eran de dominio público los enfrentamientos entre la víctima y el Presidente Uribe, luego de haber sido en extremo cercanos. En un reportaje hecho al Señor Pedro Juan Moreno por la revista Semana (edición del 29 de agosto de 2005, pg. 42-43) revela que se distanció del Dr. Uribe desde su acceso a la Presidencia, pues se acercó a personajes que no le merecían confianza y que además creyó que su compañía no le era conveniente a Uribe, pues le dijo: “¿Vos con esa fama de paraco y otro paraco ahí metido? ¡Quedamos jodidos! Dos paracos no riman. Mejor me quedo en la sombra”; pero que la distancia se ahondó por investigaciones que hizo el Señor Moreno y publicó en su revista La Otra Verdad, en las cuales comprobó la corrupción de 7 altos funcionarios del Gobierno Uribe y muy cercanos al Presidente quienes tuvieron que abandonar sus cargos por el escándalo producido. Por su parte el Presidente Uribe afirmó en una entrevista a la W-Radio el 10 de abril de 2006 “El día que ya Pedro Juan empezó a convertirse en el gran acusador del Gobierno Nacional, ya ese día para algunos sectores de los medios nacionales dejó de ser villano y pasó a ser héroe”. Pero la versión del atentado tomó fuerza cuando el 1° de noviembre de 2007 fue encontrado en el hangar del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín el cadáver de NANCY ESTHER ZAPATA OROZCO, de 45 años, quien llevaba 20 trabajando en un almacén de repuestos de avión del mismo aeropuerto. El 29 de diciembre de 2007 el periodista sueco Dick Emanuelsson publicó por internet una recopilación de datos dispersos en muchos medios de prensa donde se revela que la víctima, una mujer íntegra y de profundas prácticas religiosas, había acudido a grupos de derechos humanos para pedirles le ayudaran a abandonar el país, pues se sentía amenazada simplemente por conocer lo que ocurría en un aeropuerto controlado por reconocidos narcotraficantes paramilitares donde la fuerza pública callaba y colaboraba con los criminales. En la trascripción de su último mensaje, a la vez que se revelaban los móviles de su asesinato, se arrojaban luces para comprender los móviles del “accidente” en que perdió la vida el Señor Pedro Juan Moreno: “los oí hablar de ese Señor Pedro Juan Moreno que te dije que se le cayó el helicóptero porque aquí le quitaron el repuesto y no sé si el Presi Uribe dio la orden pero sí sabía y Don Berna también”. Sobre su cadáver apareció un letrero en cartón que decía: “aquí no se permiten sapas”. En la entrevista que concedió al diario El Tiempo el General Jaime Humberto Uscátegui, cuando el Juez 9° Especializado de Bogotá le otorgó la libertad luego de 8 años de reclusión por la masacre de Mapiripán, afirmó: “Los paramilitares, a plena luz del día, estuvieron uniformados y armados en los aeropuertos de Necoclí y Carepa, que estaban bajo la custodia de la Brigada 17. El general Del Río deberá aclarar esta situación y demostrar si es inocente o no. Además, el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo era el oficial de Inteligencia de la Brigada 17, pertenecía al Estado Mayor y era el hombre de confianza del general Del Río. Este oficial huye de la justicia y ha sido mencionado por Salvatore Mancuso como uno de los militares que le colaboraron en Urabá” (El Tiempo, 30 de noviembre de 2007, pg. 1-6) 21. En una de las sesiones en que rindió versión libre ante la Unidad de Fiscalía de Justicia y Paz el paramilitar EVER VELOZA, alias ‘HH’, comandante paramilitar del Bloque Bananero, entre otros, que ha operado en la región de Urabá, el 30 de octubre de 2007, reconoció haber asesinado a entre 1.200 y 1.500 personas, en cuatro municipios del Urabá antioqueño (Apartadó, Carepa, Turbo y Chigorodó), entre 1995 y 1996. El diario El Colombiano, de Medellín, en su edición del 31 de octubre de 2007, pg. 10 A, recogió datos de su versión así: “para cometer los homicidios masivos y algunos selectivos de personas señaladas de ser guerrilleros o auxiliares de la subversión, el grupo salía desde una zona en Turbo con destino a los cascos urbanos o veredas en busca de sus víctimas. En algunas de estas incursiones, indicó HH, hubo hasta 20 muertos. Entre estas incursiones, la mayoría de ellas nocturnas, Veloza García recordó una en que fueron asesinadas 12 personas en lo que el desmovilizado denominó “un entrenamiento” (…) La versión libre sirvió para que el ex jefe de autodefensas señalara que para su accionar en Urabá contaron con la omisión del Ejército y la Policía, y que se movilizaban con tranquilidad por la región. Agregó que cuando las muertes empezaron a ser notorias, comandantes del Ejército le pidieron que desaparecieran los cuerpos. La solución, entonces, fueron las fosas comunes. En este aparte mencionó como colaboradores al general Rito Alejo Del Río, entonces comandante de la Brigada XVII y al capitán para esa época, Byron Carvajal, hoy enjuiciado por el caso de los policías antinarcóticos muertos en Jamundí. Sobre Carvajal, Veloza García indicó que el oficial lo amenazó de muerte si revelaba sus nexos con las autodefensas. “Me mandó el mensaje que me callara, que las cárceles eran manejadas por ex militares y él me podía hacer la vida imposible o matarme””. En la entrevista que concedió a la revista SEMANA y que apareció en su edición del 6 de agosto de 2007, Ever Veloza responde así a varias preguntas: - Semana: ¿Usted realizó masacres y otro tipo de acciones con la colaboración de miembros de la Fuerza Pública en la zona de Urabá? - Ever Veloza: “Hubo estrecha relación con Ejército y Policía. Si no hubiera existido colaboración y coordinación con la Fuerza Pública, habría sido imposible lograr lo que se hizo, porque eso era total dominio de las Farc y del EPL.”- - Semana: Cuando usted llegó a la zona de Urabá al frente del bloque, ¿quién era el comandante militar en la zona? - - Ever Veloza: “El general Rito Alejo del Río”. - Semana: De 1 a 10, siendo 10 el máximo de colaboración, ¿cómo califica la ayuda que las autodefensas recibieron del general Del Río, por ejemplo? - - Ever Veloza: “En ese entonces, en Urabá fue donde comenzamos la guerra. De Del Río y de toda la Fuerza Pública yo creo que puedo calificar la colaboración con un 10”. – - Semana: ¿Cómo funcionaba esa relación? – - Ever Veloza: “Mediante operaciones conjuntas, coordinaciones e información que nos proporcionaban. En algunas ocasiones miembros de la Fuerza Pública nos daban las listas de gente para que nosotros los ejecutáramos. En ese momento ellos lo hacían por desespero del yugo de la guerrilla y del desespero de la impotencia de ellos para operar legalmente con la Constitución porque les era imposible combatirlos. Con el Ejército fuimos a combate muchas veces, pero por ahora no voy a mencionar más nombres”. - Semana: ¿Usted va a optar por la estrategia a la que han acudido otros jefes de las AUC que mencionan como colaboradores a militares que ya están muertos? – - Ever Veloza: “No. Voy a contar todo. Pero por ejemplo, por dar un nombre, uno de los que más nos ayudaron fue el Coronel Carvajal que está detenido en Cali. Él era capitán, patrulló conmigo y con mi tropa y no una sola vez, sino cantidad de veces, y combatimos la guerrilla juntos, hicimos operaciones juntos. Lo de Carvajal fue en el 95.” […] Semana: Para ese momento usted ya estaba buscado por la justicia y era plenamente reconocido como jefe paramilitar de la zona. ¿Cómo le planteó la colaboración? – - Ever Veloza: “En la zona todo el mundo sabía que yo era el comandante del Bloque. Carvajal lo que me dijo es que él quería operar conmigo para que no fuéramos a tener problemas ambos en la zona” – Semana: ¿Cómo coordinaban? - Ever Veloza: “Directamente él y yo o subalternos míos coordinaban con él también. Yo entraba a la brigada o yo iba a donde él estaba.” – Semana: ¿Cuántas ‘operaciones’ hizo usted con Carvajal? – - Ever Veloza: “No tengo el número, pero fueron muchas y no sólo con Carvajal, sino con otros miembros de la Fuerza Pública. Lo menciono como por dar un nombre concreto y demostrar que yo no voy a hablar de muertos”. 22. La revista Semana, en su edición del 5 de noviembre de 2007, recogió el testimonio del ex Sargento EDWIN GUZMÁN, quien se vinculó a los paramilitares que operaban en Urabá a mediados de los años 90 y que le reveló a dicho medio: “A mi general Rito Alejo Del Río lo llaman ‘el papá de las autodefensas’ porque fue quien empezó a uniformarlas y a darles el manejo militar que se necesitaba. En esa época los paracos llegaban hasta la brigada uniformados y con armamento. Llegué a ver incluso a dos contraguerrillas de las autodefensas embarcándose en un helicóptero MI del Ejército, en el helipuerto de la Brigada”. 23. El 15 de mayo de 2007, el reconocido líder paramilitar SALVATORE MANCUSO rindió su quinta versión libre ante la Unidad de Fiscalía de Justicia y Paz. Muchos medios de comunicación tanto impresos como audiovisuales destacaron sus confesiones relativas a la estrecha unidad de acción entre los paramilitares y la Fuerza Pública e incluso los contactos y simpatías demostradas a los paramilitares en encuentros por altos funcionarios del Gobierno Uribe, como el mismo Vicepresidente y el Ministro de la Defensa. El Diario El Nuevo Siglo, en su edición del 16 de mayo de 2007 reseñó así apartes de esa versión: “En la mañana, el sometido a la Ley de Justicia y Paz, señaló a los ex generales Rito Alejo del Río, Martín Orlando Carreño, Iván Ramírez y Alfonso Manosalva (fallecido), así como a otros siete militares de menos rango, como auspiciadores de las Autodefensas. Durante su versión libre, Mancuso dijo que el hoy ex general Del Río suministraba información de lugares en donde podían operar los paramilitares. Comentó además que entre 1996 y 1997 se reunión con el general Rito Alejo del Río en la finca la 21, en San Pedro de Urabá y dijo que en el encuentro estuvieron Carlos Castaño y Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, en donde se habló del tema de la expansión paramilitar en el Urabá. Explicó que el alto oficial iba en un helicóptero civil, pero él llevaba su uniforme militar. Añadió que la operación de los militares y paramilitares se hizo conjuntamente desde diciembre de 1994 cuando en Urrá, Córdoba, fueron secuestrados dos ciudadanos suecos. Según indicó, la brigada 17 y los hombres de Mancuso liberaron a los secuestrados. La acción paramilitar delatada por Mancuso, vincula dos brigadas del Ejército: la 17 y la 11. Según sus palabras en la brigada de Montería, él fue uno más en la unidad militar hasta el día en que se expidió la primera orden de captura en su contra en 1997. De la misma manera, comentó que sus hombres (los paramilitares) patrullaron con el general Martín Orlando Carreño y que a través de un general del B-11, al que identificó como Iván Ramírez, conoció al también general Alfonso Manosalva (fallecido) con quien se reunió al menos diez veces”. Por su parte, el diario El Tiempo, divulgó así los elementos más llamativos de la quinta versión libre de Mancuso, en su edición del 16 de mayo de 2007, pg. 1-2:“fue del general Del Río, calificado por algunos irónicamente como el pacificador de Urabá, de quien más habló. Mancuso afirmó que fue el artífice de la expansión ‘para’ en esa región y que asistió a dos reuniones con él, Carlos Castaño (jefe de las Auc ya muerto) y ‘El Alemán’ (desmovilizado): “una en Tolová (Tierralta- Córdoba) y otra en la finca ‘La 21’, en San Pedro de Urabá. “(Al segundo encuentro) El general llegó en un helicóptero civil, pero estaba uniformado”, declaró Mancuso. Y sobre Carreño, quien sucedió a Del Río en la Brigada 17 de Carepa y llegó a ser comandante del Ejército, aseguró que con base en mapas que él le enviaba ordenaba patrullajes conjuntos de sus soldados con los paramilitares. Los nombres de los militares salieron al aire temprano en medio de la quinta versión libre del ex jefe paramilitar”. Javier Giraldo Moreno, S.J. Colombia, septiembre 9 2008 * * * * * * * * * * * * * * * * *

Re: Los Derechos Humanos en Colombia

Por Juan JHözeth el 17/09/2008

Los Derechos Humanos en Colombia

Por Juan JHözeth el 23/09/2008

Hola apreciado Juan Stam. Al parecer este ha sido un artículo que no ha llamado mucho la atención, y no sé cual ha sido la causa. La verdad me gustaría mucho promover un diálogo al respecto, puesto que me interesa mucho que la gente del interior y del exterior entremos en debate acerca del tema de los Derechos Humanos. Con el propósito de promover un pensamiento frente a estas políticas guerreristas. Puesto que ellas calcinan los sueños y esterilizan la vida. Me duele mucho como colombiano que soy, que por nuestra omisión de las injusticias terminemos acolitando las masacres, muertes de campesinos y asesinatos de niños y sindicalistas, la gran mayoria pasados como falsos positivos. Ya que la mejor empresa económica en Colombia es la misma guerra. ¿Qué voz de Esperanza debo y debemos recibir los colombianos sometidos a las injusticias estatales?

Los Derechos Humanos en Colombia	Por Juan JHözeth el 04/12/2008
¿Qué voz de Esperanza debo y debemos recibir los colombianos sometidos a las injusticias estatales?

Los derechos humanos en Colombia	Por Juan JHözeth el 03/03/2009
¿Qué ha pasado con este artículo? ¿Por qué aun los mismos colombianos no nos hemos pronunciado?<br><br><br>Sería interesante escuchar las diferentes apreciaciones.<br><br><br><br><br>Un abrazo.<br><br>

Re: Los derechos humanos en Colombia

Por alvaro alvarez torres el 06/05/2015

mande underecho de peticion al jues penal militar de carepa antioquia ino meares pondido nada 18 de febrero del año en curso pordesertor delas fuersas militares iesla hora ino mena respondido por fabor lepido q me colaboren en eso del año 1998 itengo orden de captura pero ya hanpasado mas de 13 años iya prescribio ilemande un derecho de peticio ino mehanrespondido correo neneshary@hotmail.com cel 3135172562

Re: Los derechos humanos en Colombia	Por alvaro alvarez torres el 30/06/2011
seme esta bulnerando misderechos como ciudadano jues penal militar dela brigada 17 carepa antioquia porfavor comunicarse o llamar<br>

Re: Los derechos humanos en Colombia	Por jose luis el 16/03/2012
Las defensoras de derechos humanos son el colectivo más amenazado y olvidado en el conflicto colombiano.<br>Estas mujeres que se exponen a la muerte cuando alzan la voz para pedir paz y justicia, lanzan ahora un SOS a Europa para que las proteja.<br>http://joseluisregojo.blogspot.com/2012/03/defensoras-de-derechos-humanos-de.html

Re: Los derechos humanos en Colombia

Por deiby lara ruiz el 18/10/2012

hace unos años ocurrió una de las masacres mas atroces de nuestra historia, conocida desde entonces como "la masacre del salado". en primer lugar diré, las cifras que ofreció el gobierno sobre cuales fueron las victimas, son incorrectas, la realidad es que fueron mas. todos bailaban de repente un paraco decía tù o él o ella. lo arrastraban hasta el centro de la plaza y le disparaban ráfagas de indiferencia, lucían felices al hacerlo. obligaban a la comunidad a cantar, reír y les prohibieron llorar, aun a sus muertos, diga usted hermano Juan, si Jesús lloro a su amigo, cuanto mas la esposa al esposo, la madre al hijo, el vecino a su vecino y viceversa. un sobreviviente contó, que inexplicablemente después de torturarlo, le dejaron vivir, huyo, por las montañas, hasta sentirse seguro, al regresar, las fuerzas militares ya habían arribado, ayudaban a los heridos, asistían en nombre del gobierno a la población, frasadas , alimentos, consuelo, aquel sobreviviente al recibir la ayuda de un militar quiso mirarlo a los ojos para agradecerle, sorpresa la suya, había sido el mismo que días atrás vestido de paramilitar le había torturado y que quizás hastiado de matar le dejo vivir, como es de esperarse aquel hombre corrió, al monte al único lugar donde se sentiría seguro. en el salado hay un monumento en honor a las victimas, donde yacen la memoria de los cuerpos de aquella horrible noche (frase del himno nacional) pero donde en realidad también yace la verdad. shuuuu, solo entre nosotros, si lo saben me pueden hacer callar.. Bendiciones

Re: Los derechos humanos en Colombia	Por GILBERTO CARDENAS el 31/12/2012
TODO ES VERDAD. EN COLOMBIA, COMPLETA IMPUNIDAD. NO<br> HAY JUSTICIA NI DERECHOS HUMANOS. <br>arghamedon333@yahoo.com